La Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— otorgó medidas cautelares a favor de Andreína Baduel, activista y defensora de derechos humanos en Venezuela, por considerar que se encuentra en una situación de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable.
La decisión la emitió esta instancia de la OEA el pasado 12 de junio de 2025 a través de la Resolución 44/2025.
Andreína Baduel, hija del general y exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, fallecido bajo custodia estatal en 2021, dirige el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos y ha sufrido un patrón sistemático de hostigamiento y amenazas por parte de funcionarios de seguridad, según documentó la CIDH.
Persecución familiar y vigilancia constante
La comisión reconoció que la familia Baduel ha enfrentado detenciones y persecuciones desde hace más de una década. Tres de los hermanos de Andreína, además de su esposo, han estado o permanecen encarcelados. Incluso ella misma sufre seguimientos, amenazas verbales, vigilancia domiciliaria, hostigamiento en redes sociales y persecución en vía pública por su labor de denuncia.
Uno de los incidentes más alarmantes ocurrió el 13 de abril, cuando dos camionetas y una motocicleta no identificadas persiguieron a la activista luego de participar en una vigilia frente al centro penitenciario El Rodeo I, donde está recluido su hermano Josnars Adolfo Baduel.
La CIDH subrayó que agentes del Estado han fotografiado y grabado su domicilio, monitoreado con drones sus actividades públicas y limitado su movilidad, lo que ha generado un ambiente de intimidación permanente.
El caso de Andreína Baduel sin respuesta del Estado venezolano
Pese a que lo notificaron, el Estado venezolano no respondió a la solicitud de información de la CIDH dentro del plazo previsto. Ante ello, la comisión concluyó que no existen garantías ni acciones por parte del régimen de Nicolás Maduro que permitan mitigar la situación de riesgo.
La CIDH también solicitó formalmente a Venezuela que adopte medidas inmediatas para proteger la vida e integridad personal de Andreína Baduel, garantizar que pueda ejercer su labor sin represalias, concertar con ella las acciones necesarias e investigar los hechos denunciados para evitar su repetición.
El caso se suma al de otras personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, especialmente familiares de presos políticos. La CIDH identificó un patrón de criminalización, estigmatización y represión estatal, que se ha intensificado tras el ciclo electoral y afecta gravemente a quienes promueven denuncias públicas sobre violaciones de derechos humanos.
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