La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudia el “empleo desmesurado de la fuerza militar” contra la marcha de cocaleros de Cochabamba, Bolivia, que dejó cinco muertos y varios heridos, lo cual fue catalogado por el organismo como “masacre policial”.
Reportes de prensa internacional reseñan dura represión por las fuerzas de seguridad que responden al gobierno interino.
Los campesinos de la provincia de Chapare, que apoyan al depuesto presidente Evo Morales, intentaron atravesar el puente Huayllani, que una la ciudad de Sacabe con Cochabamba, pero se toparon con un cerco policial que les impidió el paso.
Minutos después, las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir fuertemente a los manifestantes. De hecho, el comandante de la Policía de Cochabamba, Jaime Zurita, reconoció que el objetivo de las Fuerzas Armadas y la Policía era impedir que los manifestantes llegaran a Cochabamba “para manifestar su desacuerdo contra la presidenta Jeanine Añez“.
De allí que la Comisión ha cuestionado el “uso indiscriminado de gas lacrimógeno” en su intensa represión, recordando al Estado boliviano su “obligación de asegurar el derecho a la vida e integridad física de quienes protestan pacíficamente”.
Tal aseveración se ve confirmada por el Defensor del Pueblo de Cochabamba, Nelson Cox, quien confirmó a medios locales que los uniformados usaron armas de fuego contra los manifestantes. “Los muertos todos son producto de armas de fuego“, aseguró.
Por otra parte, se reportó que el hospital local se abarrotó de heridos