“Hoy día, lamentablemente, no tenemos una relación diplomática que permita emitir los documentos para que estos venezolanos lo puedan hacer”, indicó.
Sauerbaum explicó que para ejecutar una expulsión no solo se requiere que el país receptor autorice el aterrizaje de vuelos, sino también que emita documentación que certifique la identidad del migrante.
En ese contexto, el director confirmó que el gobierno chileno ha sostenido contactos con Estados Unidos para buscar apoyo en esta materia. Según dijo, Washington podría jugar un rol clave en facilitar gestiones diplomáticas con Caracas.
“Requerimos su colaboración en gestiones políticas que nos puedan ayudar a resolver el principal problema que hoy día tenemos para hacer las expulsiones hacia Venezuela”, afirmó.
Además, indicó que Estados Unidos podría contribuir con herramientas tecnológicas para modernizar el sistema migratorio chileno, incluyendo el uso de inteligencia artificial para procesar casos y detectar vínculos con el crimen organizado. “Para nosotros va a ser clave lo que nos ayude Estados Unidos en materias de inteligencia y sistemas informáticos”, sostuvo.
Sauerbaum también confirmó que se están retomando gestiones con Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que sí han aceptado recibir a sus nacionales. En el caso colombiano, anunció un vuelo próximo.
“Vamos a preparar para la segunda semana de abril el primer vuelo chárter a Colombia con alrededor de 60 personas”, precisó el funcionario, que aclaró que se tratan de expulsiones realizadas con apoyo de la Fuerza Aérea.
Verificarán la situación migratoria de los trabajadores
El director advirtió además que el número de personas en proceso de expulsión sigue en aumento y señaló que actualmente, hay más de 85.000 casos en trámite, mientras que la cifra de expulsiones decretadas crece día a día.
“El principal tope administrativo lo tenemos hoy día con la relación con Venezuela y esperamos resolver eso para poder avanzar rápidamente”, manifestó el funcionario.
En paralelo, destacó que el gobierno chileno busca reforzar los controles internos para detectar a migrantes en situación irregular. Anunció que se coordinarán fiscalizaciones conjuntas con la Policía de Investigaciones, la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos, debido a que muchas personas trabajan con contratos formales pese a no tener estatus migratorio regular.
“Hoy día el Director del Trabajo no tiene facultades para fiscalizar la situación migratoria de las personas”, explicó, lo que ha permitido que trabajadores irregulares permanezcan en el sistema laboral. Frente a esto, adelantó que se intensificarán los controles y se exigirá a los empleadores verificar la situación migratoria de sus trabajadores.
“La idea es poder desincentivar la llegada de inmigrantes irregulares porque en Chile obviamente le dan trabajo de todas maneras”, afirmó.