En el año 2022, desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), se documentaron 523 casos de persecución y criminalización en Venezuela. Cada 16 horas una persona u organización fue víctima de persecución y/o criminalización en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. Los datos recabados en el informe de cierre del año pasado demuestran, una vez más, que estos actos forman parte de una política de Estado aplicada con el fin de garantizar la permanencia en el poder de Nicolás Maduro.
La categoría con mayor número de casos comprende a los medios y trabajadores de la comunicación. Mientras que el patrón más utilizado fueron las amenazas y el hostigamiento. Por otra parte, los principales perpetradores fueron las fuerzas de seguridad del Estado.
Algunos datos
El mes en el cual se documentaron el mayor número de víctimas fue junio, con al menos 125 casos de persecución y criminalización. Este mes se caracterizó por la remisión de órdenes de aprehensión contra agentes de la Fuerza Armada Nacional. Demostrando así el uso de castigos ejemplarizantes y el control que ejerce el gobierno sobre las instituciones y las fuerzas de seguridad del Estado.
Octubre fue el segundo mes con mayor número de casos, con al menos 57 documentados. Este mes se caracterizó por el cierre de emisoras de radio, demostrando que en el año 2022 hubo un aumento en el patrón de censura y violaciones a la libertad de expresión.
Categorías de sujetos más perseguidos
Los trabajadores de la comunicación fueron las personas más perseguidas durante el año 2022, con un total de 239 casos documentados, que representan el 46% del total de las víctimas. La población fue la segunda categoría de personas más perseguidas. Esta incluye a ciudadanos, trabajadores públicos, familiares de perseguidos y activistas sindicales. En total se documentaron 148 casos, lo cual representa un 28% del total de las víctimas.
Las personas vinculadas con la política fueron la tercera categoría de personas más perseguidas durante el año 2022. Hubo 106 casos documentados en esta categoría, lo cual representa el 20%. Las organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos recibieron 24 ataques que criminalizaron su labor de defensa y promoción de los derechos humanos. Esta cifra representa el 5% de la totalidad de los casos. Por último, hubo 6 actos de persecución y criminalización específicos contra las universidades. Esto representó un 1% del total de casos documentados durante el año 2022.
Víctimas disgregadas por género
De la totalidad de los casos de persecución y criminalización documentados durante el año 2022, 68 ocurrieron en contra de mujeres, lo que representa un 13% del total de los casos. Mientras que 259 casos ocurrieron contra hombres. Esto se traduce en cerca del 50% de la totalidad de casos. Por último, 196 casos no pudieron ser disgregados por género, esto significa que un poco más del 37% de los casos ocurrieron contra un grupo de personas que no pudieron identificarse de manera particular, o que un mismo hecho afectó a hombres y mujeres.
Patrones ejercidos
Quince patrones de persecución y criminalización fueron ejercidos contra las víctimas en el año 2022. Estos fueron: 30 bloqueos de páginas web, 76 cierres de emisoras de radio, 32 detenciones arbitrarias, 52 impedimentos de registrar un hecho noticioso, 67 irregularidades en procesos judiciales, 149 hostigamientos y amenazas, un asesinato bajo negligencia del Estado, tres cierres de programas de radio, un despido injustificado, una muerte bajo custodia del Estado, 13 presos políticos trasladados arbitrariamente, dos medios de comunicación afectados por la emergencia humanitaria compleja, 93 órdenes de aprehensión, una prohibición de salida del país y un allanamiento irregular.
El patrón más utilizado por el gobierno para perseguir y/o criminalizar a las víctimas fue el hostigamiento y las amenazas. Este patrón fue ejercido en el 28% de los casos documentados. Sin embargo, también hay que destacar la elevada cifra en el ejercicio de otros patrones que constituyen violaciones graves a los derechos humanos. Como por ejemplo, el cierre de emisoras de radio, las detenciones arbitrarias y las irregularidades en procesos judiciales. Además, un preso político murió mientras se encontraba bajo custodia del Estado.
Perpetradores de los actos de persecución
Las fuerzas de seguridad del Estado representaron los autores mayoritarios de las violaciones a los derechos humanos, cometidas a través de actos de persecución y criminalización. Tal es así, que un 38% de los casos documentados fueron perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado (196 casos), incluyendo entre ellos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la División de Inteligencia Estratégica (DIE), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las policías regionales, el Plan República, los milicianos y los agentes de protección civil.
Entre tanto, las instituciones del Estado y los funcionarios públicos ocuparon el segundo lugar en cuanto a la autoría de los actos de persecución y criminalización documentados durante el año 2022, siendo los perpetradores del 32% (170 casos) de los casos documentados. Esta categoría incluye: representantes de alcaldías, ministerios, gobernaciones, concejos legislativos, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, entre otras instituciones.
Los perpetradores de los actos de persecución y criminalización documentados dan cuenta de que el gobierno venezolano hace un uso indebido e ilegítimo del poder del Estado, ejerciendo el control sobre las instituciones públicas para permanecer indefinidamente en el poder.
No son casos aislados
Los resultados de este monitoreo demuestran que los denominados actos de persecución y/o criminalización no son casos aislados, no solo por la alarmante cifra documentada durante todo el año 2022, sino porque que en cada uno de los casos se ha determinado que existen acciones concretas que el Estado utiliza de forma sistemática. Es decir, los actos de persecución y criminalización se desarrollan a través de patrones específicos, y van dirigidos de manera estratégica y planificada a un grupo determinado de categoría de personas, que al Estado venezolano le conviene censurar y controlar para mantenerse de manera indefinida en el poder.
Persecución y delitos de lesa humanidad
Los actos de persecución y criminalización documentados constituyen una violación a los derechos humanos y libertades fundamentales de las víctimas, puesto que vulneran derechos como la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica, la libertad de asociación, entre otros derechos y libertades. La garantía de los derechos mencionados es esencial para una sociedad libre y democrática.
Incluso, en Venezuela parecen existir bases razonables para suponer que la política de persecución y criminalización se ha cometido en conjunto con otros crímenes de lesa humanidad, como, por ejemplo, asesinatos, encarcelamientos, torturas y violaciones sexuales. En el año 2020 la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó un exhaustivo informe, en donde concluyó que las autoridades venezolanas habían cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo el delito de persecución. Asimismo, ha insistido en la necesidad de activar los mecanismos de justicia internacional para la investigación y sanción penal individual de los autores de estos delitos.
Aún más, aunque la Corte Penal Internacional aún no ha determinado la responsabilidad de ningún acusado por motivos del crimen de persecución, la Fiscalía ha informado que existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela se cometió el crimen de persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos desde al menos abril de 2017.
Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha reconocido en sus diversos informes escritos y actualizaciones orales la existencia de actos sistemáticos de persecución y criminalización ejercidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, ha mostrado su preocupación por la falta de independencia del sistema de justicia venezolano que no ha permitido determinar la responsabilidad penal de las personas que ocupan niveles superiores de la cadena de mando y que han desarrollado actos sistemáticos de violaciones a los derechos humanos contra la población.
En conclusión
Los resultados del monitoreo han permitido determinar quiénes han asumido el rol de perpetradores de los casos de persecución y criminalización ocurridos durante el año 2022. Tomando como base esta documentación, es posible afirmar que el gobierno de Nicolás Maduro hace un uso indebido del poder del Estado, y que, a través del control de las instituciones del Estado, poderes públicos y medios de comunicación, lleva a cabo los actos violatorios a los derechos humanos de las víctimas.
Desde Cepaz insistimos en la necesidad de poner fin a los actos de persecución y criminalización, en el reconocimiento de cada una de las víctimas, que en este contexto, han sufrido violaciones a sus derechos humanos, y en la necesidad de investigar y sancionar a cada uno de los responsables, tanto a los perpetradores como a las cadenas de mando.
Nota de Prensa.