El Centro de Estudios Políticos de la UCAB y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral emitieron un comunicado en el que expresan que las elecciones presidenciales, convocadas para el primer cuatrimestre del año, no cumplen con las garantías mínimas de unas elecciones limpias, justas y transparentes para que sea considerada una elección democrática.
A continuación, reproducimos el texto íntegro:
El Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (CEP-UCAB) y El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA, fundado en 1995, y siendo miembros de esta organización gobiernos de los cinco continentes) en el marco de la cooperación existente entre ambas instituciones, observamos con profunda preocupación la convocatoria a elecciones presidenciales dentro del primer cuatrimestre,
dictada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) al Consejo Nacional Electoral (CNE) el 23 de enero del año en curso.
Así mismo, no compartimos las declaraciones hechas por el canciller Jorge Arreaza, en entrevista al diario La Tercera de Chile, el 24 de enero de 2018, en la que se señala: “De manera que yo reto a cualquier a que demuestre que el sistema electoral venezolano no es el más seguro de América Latina y el Caribe y muy probablemente del mundo. Va a ser imposible hacerlo”. En este sentido, le recordamos al canciller Arreaza que el sistema electoral
venezolano es más que el hardware y software utilizado en el día de la votación, sino el ciclo completo que abarca desde la elaboración de las leyes y nombramiento de las autoridades electorales hasta las auditorías postelectorales. La mayoría de las fases del ciclo electoral presentan deficiencias importantes en términos de integridad electoral. También, le queremos recordar al Canciller que no han existido misiones de observación electoral internacional calificadas que puedan respaldar sus afirmaciones y que, en las elecciones realizadas durante 2017, las organizaciones de observación electoral nacionales han denunciado graves fallas en lo relativo al funcionamiento del sistema electoral venezolano.
En este mismo orden de ideas, queremos recordar que en 2015, en el marco de las elecciones parlamentarias, el Centro de Estudios Políticos de la UCAB e IDEA Internacional realizamos, conjuntamente, una misión de estudio de las condiciones electorales en las que hallamos importantes déficits en lo referente a la integridad de las elecciones en Venezuela. Entre los que destacan:la permisividad del CNE en el uso de recursos públicos para fines electorales, la inequidad en la aplicación de la normativa electoral, manipulación en los procedimientos de votación, inequidad en el acceso a los medios de comunicación. Más recientemente, en la elección para seleccionar a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, la empresa encargada de administrar el software de las máquinas de votación, Smartmatic, señaló que los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral no eran confiables. De la misma manera, en las elecciones regionales y locales, se observaron nuevas irregularidades, como la manipulación del cronograma de actividades de la elección, migración masiva de votantes a pocas horas de la elección, eliminación de la tinta indeleble como mecanismo para evitar el sufragio múltiple y la manipulación del actas de votación,tal como ocurrió en la elección del estado Bolívar.
Queremos insistir que elecciones con integridad refiere a “elecciones basadas en los principios democráticos del sufragio universal y la igualdad política, tal como se reflejan en los acuerdos y normas internacionales, caracterizadas por una preparación y gestión profesionales, imparciales y transparentes a lo largo de todo el ciclo electoral” (Informe de la Comisión Global, sobre Elecciones, Democracia y Seguridad, publicado por IDEA Internacional y la Fundación Kofi Annan, 2012). En el pasado reciente, los procesos electorales en Venezuela no han sido administrados de manera justa, imparcial y trasparente, situación que ha empeorado de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Es por tal motivo que:
1. Rechazamos que la convocatoria a las elecciones presidenciales en Venezuela emane de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual carece de competencia para convocar elecciones. En este sentido, una convocatoria que mantenga las condiciones actuales podría considerarse como no competitiva. Al día de hoy, la fecha precisa de dicha elección no se conoce, tampoco el cronograma de las actividades conducentes a dicha elección.
2. Consideramos que la manipulación en la convocatoria a elecciones, la opacidad en los procedimientos y lapsos de cada una de las fases necesarias para la celebración de una elección, la ilegalización de partidos, la inhabilitación de líderes políticos y el rechazo sistemático a la observación electoral nacional e internacional calificada e independiente , constituyen restricciones muy graves para la integridad de cualquier elección.
3. Consideramos igualmente grave la sistemática injerencia del Tribunal Supremo de Justicia en los procesos electorales venezolanos, institución que hace pocos días tomó la decisión de impedir el uso de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en las elecciones presidenciales. Este fallo del Poder Judicial se suma a un conjunto de decisiones cuyo único propósito es favorecer al partido del Gobierno; tal como lo demuestra la anulación de la elección de los diputados del estado Amazonas, el 29 de diciembre de 2015, sin a que a esta fecha haya habido resolución de ese caso y dejando a dicha entidad sin representación política en el Parlamento. También, la decisión de tribunales subalternos de suspender la recolección de manifestaciones de voluntad para la convocatoria al referéndum revocatorio del mandato presidencial en 2016, entre otros.
4. Debido a lo anterior, creemos que el proceso electoral conducente a elecciones presidenciales dentro del primer cuatrimestre no cumpliría con las garantías mínimas de unas elecciones limpias, justas y transparentes para que la misma sea considerada una elección democrática; lo que representaría un importante obstáculo para la legitimidad y reconocimiento tanto para la comunidad nacional como internacional.
5. Es por lo anteriormente expuesto que consideramos urge una renovación de las autoridades electorales por parte de la Asamblea Nacional; siguiendo los criterios de imparcialidad y neutralidad establecidos en la Constitución y leyes electorales vigentes. Por lo tanto, es necesario una revisión profunda de los procedimientos electorales actuales, una auditoría al Registro Electoral, la apertura del mismo a los cientos de miles de venezolanos que han emigrado del país, la eliminación de mecanismos de supervisión del voto dentro y fuera de los centros de votación, así como el establecimiento de un sistema de votación que impida las prácticas perversas que tergiversan, coaccionan o cambian la voluntad de los votantes; tal como ocurrió en las elecciones de los miembros de la ANC, las elecciones de gobernadores y de alcaldes en 2017.
En este sentido, hacemos nuestras las palabras expresadas por los cancilleres del Grupo de Lima del 23 de enero de 2018, que dice: “Rechazamos la decisión del Gobierno de Venezuela de convocar a elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de este año. Esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, conforme a estándares internacionales. Y exigimos que las elecciones presidenciales sean
convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que correspondan, incluida la participación de observadores internacionales independientes. Unas elecciones que no cumplan éstas condiciones carecerán de legitimidad y credibilidad”.
Finalmente, hacemos un llamado a que se respeten las condiciones de integridad electoral mínimas para la celebración de elecciones competitivas en Venezuela. Solicitamos, tanto al CNE como al Canciller de la República, que nos ofrezcan la oportunidad de conformar un equipo de expertos nacionales e internacionales para auditar y analizar el sistema electoral venezolano.
NP