Lima, 6 mar (EFE).- El expresidente peruano Pedro Castillo reiteró este jueves que está en la cárcel «injustamente» y que no necesita del servicio de la defensa pública porque su único delito es «defender al pueblo», durante la segunda audiencia del juicio oral por el supuesto intento de golpe de Estado en 2022 por el que enfrenta una pena de 34 años de prisión.
Castillo dijo a los jueces que el Ministerio Público ha forzado el tipo penal para ser sometido a un juicio por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave afectación de la tranquilidad pública.
El presidente de la sala, José Neyra, le explicó que tendría la oportunidad de presentar sus descargos durante el proceso, pero que era necesario contar con un abogado para cumplir con los requisitos legales de un juicio oral, además de negarle el permiso para abandonar la audiencia, como pretendía Castillo.
En el segundo día de audiencia, la directora de debates, Norma Carbajal, ratificó que se ha asignado el defensor público Edgar Callahualpa a Castillo, dado que no ha acreditado a un abogado para el proceso.
A su vez, los abogados de la exprimera ministra Betsy Chávez, del exministro del Interior Willy Huertas y de los exjefes policiales Manuel Lozada y Justo Venero rechazaron los cargos presentados por la Fiscalía en el juicio oral contra el expresidente peruano Pedro Castillo por el supuesto intento de golpe de Estado de 2022.
Durante su intervención, el abogado de Chávez afirmó que «no existe una sola evidencia escrita o testigo» que indiquen que la entonces jefa del gabinete haya participado en el delito de rebelión o que haya ordenado el alzamiento armado.
Indicó que las fuerzas armadas no mostraron el apoyo al supuesto intento de golpe de Castillo y que Chávez solo se limitó a hacer un llamado a la población a reclamar sus derechos pacíficamente, ante una tercera moción de destitución contra el exgobernante.
Asimismo, la defensa de Chávez explicó que la convocatoria que hizo la exprimera ministra al gabinete en pleno para que acuda al Palacio de Gobierno, cuando Castillo hizo su anuncio en mensaje a la nación, era en realidad para acompañarlo al Parlamento a la sesión en la que se iba a defender del intento de destitución.
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A su turno, el abogado de Willy Huerta calificó la acusación fiscal contra el exministro como «paupérrima» y «mediocre» al considerar que no existe la actividad probatoria del delito de rebelión presentado en su contra y por el que afronta un pedido de 25 años de cárcel.
Justificó que Huerta acudió al Palacio de Gobierno, cuando Castillo anunció en mensaje a la nación el fallido intento de golpe, porque el exmandatario se lo pidió y él ejercía como ministro del Interior.
Por su parte, la defensa del exjefe policial de Lima, Manuel Lozada, descartó que haya tenido responsabilidad en el presunto delito porque su labor se limitó al control de las protestas en los alrededores del Congreso, dado que ese día, el 7 de diciembre de 2022, había una sesión del pleno para debatir la destitución de Castillo.
Aseguró que Lozada no recibió ninguna comunicación del mandatario ni de los ministros, y que no se precisa en la acusación cuándo pudo haber pactado con los acusados.
El abogado precisó que hubo una orden, por la radio institucional de la Policía, en la que se pidió que no se limite el acceso a los congresistas al Parlamento, contrario a la afirmación de la fiscalía.
