Caracas, 16 nov (EFE).- El 98 % de los industriales privados de Venezuela están de acuerdo con la flexibilización de sanciones anunciada por Estados Unidos en octubre, tras la firma de un acuerdo electoral entre el chavismo y la oposición, por los «efectos negativos» que -aseguran- tienen estas medidas en las empresas, dijo este jueves la Confederación de Industriales (Conindustria).
«Son noticias positivas», expresó en una rueda de prensa el presidente de la gremial, Luigi Pisella, quien explicó que este alivio del régimen sancionatorio, aunque tiene una vigencia de seis meses, ha despertado un optimismo en los industriales, de los cuales el 74 % prevé que la situación del país mejore dentro de un año.
«Ya nosotros podemos comercializar directo lo que aquí se produzca, anteriormente no lo podíamos hacer, y nuestro vecino, nuestro cliente natural, es Estados Unidos», dijo.
Conindustria proyecta una mejora en los ingresos de la nación como consecuencia de este levantamiento de sanciones, aplicado en sectores como el petróleo, la principal fuente de divisas de Venezuela, que ahora no tendrá la «necesidad de vender» el crudo «con descuento».
La gremial estima que, de «mantenerse la flexibilización», la producción petrolera, que cerró octubre en una media de 786.000 barriles por día (bpd), supere el millón de bpd el próximo año, cuando, además, prevé que se generen «alrededor de unos 25.000 millones de dólares», sin los descuentos en el precio del barril venezolano.
Tras la firma de un acuerdo entre el Ejecutivo y la antichavista Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de garantías electorales para las presidenciales de 2024, el Gobierno de EE.UU. suavizó temporalmente las sanciones al país suramericano en lo que se refiere a la explotación de los ricos recursos de petróleo y gas del país.
Sin embargo, el país norteamericano ha advertido que reconsiderará esta suspensión si Venezuela no toma medidas como la liberación de los «presos políticos» estadounidenses en la nación caribeña y si la opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias del 22 de octubre, sigue inhabilitada para ejercer cargos de elección popular.
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