Les escribe un ciudadano de a pie, sin ningún poder e influencia, que sencillamente está preocupado por la rapiña que amenaza a los activos de Pdvsa y Venezuela en el exterior. Recientemente un juez federal estadounidense presentó un plan para subastar las acciones de PDV Holding en Citgo y pagar con esos fondos la indemnización que reclama la minera canadiense Crystallex, por la expropiación de sus activos en la mina de oro Las Cristinas, en el estado Bolívar.
Crystallex llevó el caso al Centro International de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) que dictó una sentencia favorable a la minera por $ 1.400 millones. El gobierno venezolano consideró desmesurada la indemnización y no la pagó. Crystallex trasladó el caso a una Corte civil en Delaware y demandó el pago con cargo a las acciones de Citgo, una compañía filial de Pdvsa que cuenta con tres refinerías en EEUU, una capacidad de refinación de 745.000 b/d, 48 terminales, 9 oleoductos que cruzan 23 estados y una red de 5.000 gasolineras que han llegado a suministrar hasta 10% de la gasolina que se consume en EEUU. Su valor se estima en $ 8.000 millones y por eso está en la mira de los acreedores que quieren cobrar indemnizaciones y deudas que Venezuela tiene pendientes.
Aunque Citgo nunca tuvo negocios con Crystallex -y el litigio de la minera canadiense es contra la República de Venezuela-, el marco legal estadounidense contempla la figura del alter ego que permite al afectado por el impago de una deuda, embargar otros activos propiedad del deudor moroso. Con el argumento de que la República es la propietaria de Pdvsa, la Corte determinó la aplicación del principio de alter ego y sentenció el pago de la indemnización que exige Crystallex, con el remate de Citgo. Pdvsa apeló ante la Corte de Apelaciones de Filadelfia pero ésta se pronunció a favor de Crystallex.
A raíz del desconocimiento de la Administración Trump a la reelección de Nicolás Maduro en las Presidenciales de 2018, y del reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino, los representantes del interinato son los únicos que pueden actuar legalmente a nombre de Venezuela ante las cortes de EEUU. El diario británico Financial Times y voceros de la oposición han hecho saber que el instrumento del gobierno interino no funcionó para forzar la salida de Nicolás Maduro, y que la Administración Biden se propone retirale el apoyo a partir de enero de 2023. En consecuencia, los funcionarios designados por el interinato ya no tendrían ninguna representación ni autoridad para actuar ante los tribunales estadounidenses en defensa de los intereses de Venezuela. Si la Casa Blanca tampoco reconoce a Nicolás Maduro como el Presidente de la República, ¿Quiénes, entonces, quedarían a cargo de la protección de los activos de la República ante las cortes de EEUU?
Es necesario que quienes se queden al frente de Citgo cuenten con el reconocimiento y apoyo, tanto del gobierno como de la oposición. Si la junta directiva ad hoc designada por el interinato deja de ser reconocida o se queda sola y sin apoyo, no podrá actuar para proteger Citgo. De allí la urgencia de acordar una estrategia común para la defensa de los activos de Pdvsa y de la República en el exterior, comenzando por designar de mutuo acuerdo una junta directiva de Citgo que cuente con el respaldo del gobierno y la oposición. Tengamos en cuenta que el remate de las acciones no se ha concretado aún porque Citgo, paradójicamente, está protegida por la Orden Ejecutiva 13.884 que -sin una autorización del Tesoro de EEUU-, impide a los demandantes contra Venezuela hacer cumplir los laudos arbitrales y confiscar propiedades de Pdvsa o la República.
Los acreedores que tienen cuentas por cobrar argumentan que una decisión del Poder Judicial estadounidense, tomada por una Corte Federal y ratificada por la Corte Suprema, no puede ser quebrantada por una orden administrativa adoptada por una dependencia del Poder Ejecutivo como la OFAC. En la lista están los tenedores del Bono Pdvsa 2020 que esperan cobrar $ 1.700 millones y tienen la garantía del 50,1% de las acciones de Citgo, Conoco-Phillips con una sentencia a su favor por $ 1.200 millones, y el Fondo de Inversión que compró el 85 % de los derechos de litigio de Crystallex. La tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial de EEUU ha contribuido a demorar el remate de Citgo, pero la amenaza de que finalmente se impongan las presiones que representan los intereses norteamericanos no ha sido conjurada. De hecho, según el cronograma presentado por el juez estadounidense, en un plazo entre seis y nueve meses se tramitará el permiso ante la OFAC, la contratación de un banco de inversiones y los procedimientos de licitación para proceder al remate de las acciones a principios de 2024.
El remate de Citgo significaría la pérdida de un importante complejo refinador que se necesita para la recuperación de la industria petrolera nacional y sentaría un grave precedente jurídico que puede ser utilizado en otros juicios que buscan cobrar indemnizaciones y deudas pendientes con cargo a los activos de Venezuela en el exterior. Antes de que la Administración Biden de por concluido el reconocimiento al interinato, es necesario que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Guaidó acuerden una estrategia conjunta para evitar que la OFAC conceda el permiso para rematar las acciones de Citgo.
El interés nacional también necesita una estrategia común del gobierno y la oposición ante la Administración Biden para que la OFAC no autorice el remate de las acciones y para mantener la protección de Citgo cuando el avance de las negociaciones sobre condiciones electorales se traduzca en una flexibilización de las sanciones. Existen otras alternativas para salvar Citgo y proteger los activos de la República en el exterior, desde solicitar a la ONU una Resolución para proteger de la rapiña de los acreedores los activos de un país que sufre una crisis migratoria, hasta la creación de un Fondo Humanitario Nacional en el que se depositen los fondos de Pdvsa y la República que están congelados debido a las sanciones económicas. Un antecedente es caso de Irak, luego del derrocamiento de Sadam Hussein, cuando el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1483 para proteger los activos que Irak ha utilizado en su reconstrucción. Otro antecedente es el Fondo Afgano, al que EEUU transfirió $ 3.500 millones que estaban congelados para atender la emergencia social.
Para garantizar que los recursos que Pdvsa y la República tienen congelados en el exterior sean destinados a financiar programas sociales y a repotenciar servicios públicos para aliviar el malestar que causa en los hogares venezolanos los cortes de electricidad, el racionamiento de agua potable y la escasez de gas doméstico, gobierno y oposición pueden acordar la creación de un Fondo Humanitario Venezolano, el cual funcionaría bajo supervisión internacional de organismos como el PNUD, OMS, FAO y CICR. Este Fondo podrá recibir donaciones y hacer inversiones rentables para hacer crecer el volumen de los recursos.
Estas son las preocupaciones, reflexiones y propuestas de un ciudadano de a pie, una voz más de esa sociedad civil que busca ser escuchada y espera de su dirigencia política acuerdos concretos que contribuyan a aliviar los graves problemas que afectan a la sociedad venezolana.
Escuche la Carta Abierta a Nicolás Maduro y Juan Guaidó https://t1p.de/70tve
@victoralvarezr
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