(Mérida).- Este 15 de mayo se cumplen cuatro años de la detención arbitraria de Carlos “Pancho” Ramírez, líder estudiantil de la Universidad de Los Andes (ULA), ejecutada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El hecho ocurrió en la ciudad de Mérida, en el marco de las protestas sociales registradas ese año en todo el país contra Nicolás Maduro. A Ramírez, conocido entre la comunidad universitaria como “Pancho”, lo enjuiciaron ilegalmente en un tribunal militar y lo liberaron más de seis meses después por no existir ninguna prueba en su contra de los delitos que lo acusaban.
“La mañana del lunes 15 de mayo de 2017, en las adyacencias de la Avenida Las Américas del Municipio Libertador del estado Mérida, por efectivos de la GNB quienes, so pretexto de haberlo capturado in fragranti, lo trasladaron a destino desconocido, sin que sus abogados y/o familiares pudieran acceder a su persona desde ese momento, hasta que fue presentado la noche del miércoles 17 de mayo ante un Tribunal Militar en la ciudad de Barquisimeto e imputado por los delitos de ultraje al centinela y rebelión”, reseñó ese año el informe El pensamiento bajo amenaza, publicado por la Coalición de Centros y Cátedras Universitarios de Derechos Humanos, de la que forma parte el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA).
El enjuiciamiento de Carlos “Pancho” Ramírez en un tribunal militar, siendo un civil, fue rechazado por organismos nacionales e internacionales. A Ramírez lo recluyeron durante seis meses en cárceles junto a presos comunes, ubicadas fuera de su lugar de residencia, primero en el estado Lara, luego en Guárico y finalmente en Táchira. Los delitos de ultraje al centinela y rebelión, por los que fue acusado al comienzo, fueron cambiados por la jueza asignada para este caso por el de “instigación a la rebelión”. Aunque este delito tenía una pena menor, su juicio en un tribunal militar constituyó una ilegalidad.
Torturas y violaciones de derechos fundamentales
Durante el tiempo de privación ilegítima de su libertad, a Carlos Ramírez el Estado venezolano le violó otros derechos fundamentales. No se le permitió tener contacto telefónico ni físico con su abogado ni con sus familiares en los primeros meses de reclusión. Fuentes cercanas al caso aseguraron al ODH-ULA, a un mes del arresto, que la incomunicación con el estudiante buscaba ocultar lo daños físicos, psíquicos y morales de los que estaba siendo víctima por parte de los funcionarios que lo custodiaban.
“Desde el momento de su detención, desaprobando el precepto legal de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, se ha acusado y calificado de forma pública a Carlos Ramírez como terrorista. No obstante, desde su estadía en el penal Fénix (Lara), se la ha juzgado por traición a la patria, rebelión y ultraje al centinela en tribunales de naturaleza militar, los cuales son delitos imputables solo para militares activos”, recordaba este Observatorio en una nota de prensa publicada el 15 de junio de 2017.
Durante su detención, Carlos Ramírez fue víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. El día de su liberación, el 20 de noviembre de 2017, el estudiante dijo a la prensa que al inicio de su detención pasó 17 días encapuchado y esposado, sin ver ni sentir la luz del sol. Ramírez fue torturado y golpeado por sus propios carceleros en reiteradas oportunidades y castigado por leer durante su reclusión el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
A Carlos “Pancho” Ramírez el tribunal militar de juicio número 4 le dictó libertad plena por considerar que había cumplido la pena por el delito de “ultraje a centinela”, tipificado en el Código de Justicia Militar venezolano.
Ese mismo año también fueron detenidos y presentados ante tribunales militares otros tres estudiantes de Mérida: Oswaldo González, Héctor Guaicaipuro Fernández y Carlos Briceño, así como dos dirigentes políticos, Lenin Ojeda y Rosalino Quintero. Representantes del Foro Penal en Mérida registraron que al menos otras 10 personas en el estado fueron detenidas ilegalmente y presentadas ante la justicia militar.
Prensa ODH-ULA