La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- otorgó medidas cautelares a Carlos Chancellor Ferrer, exalcalde del municipio Sifontes del estado Bolívar, detenido desde el 6 de agosto de 2024 en el contexto poselectoral.
Esta instancia de la OEA considera que el político enfrenta una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo su vida, integridad personal y salud mientras permanece detenido.
En su Resolución 21/2025, emitida el 28 de febrero, la comisión destacó que Chancellor, de 65 años de edad, no ha recibido la atención médica necesaria pese a padecer varias enfermedades crónicas.
Tomó en cuenta su condición de adulto mayor y las circunstancias de su detención, y señaló que no ha tenido acceso a su abogado de confianza y que el defensor público asignado por el Estado no ha proporcionado información suficiente sobre su situación. Además, subrayó que el Estado venezolano no presentó respuesta.
El organismo solicitó al régimen de Nicolás Maduro adoptar las medidas suficientes para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario, padre del futbolista de la Vinotinto Jhon Chancellor, se ajusten a los estándares internacionales aplicables.
Particularmente, la CIDH pidió para Carlos Chancellor:
1. Realizar de inmediato una valoración médica sobre su situación de salud y garantizar acceso a atención médica necesaria.
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2. Facilitar el contacto con su abogado de confianza, dándole acceso al expediente penal que se tramita en contra del beneficiario.
3. Informar a la representación sobre las razones por las que el beneficiario continúa privado de libertad y las decisiones judiciales en torno a su situación jurídica.
4. Concertar las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes.
5. Informar sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
Las medidas cautelares concedidas, aclaró la CIDH, no implican un pronunciamiento sobre una posible violación de derechos humanos, pero buscan prevenir daños irreparables mientras se evalúa la situación del detenido.
Señaló asimismo que, como órgano de la OEA, tiene el mandato de velar por el respeto a los derechos humanos en la región y supervisar el cumplimiento de los estándares internacionales en los países miembros.
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