Existe en Latinoamérica y en muchos otros países la tendencia a descuidar y relegar a un segundo plano los asuntos inherentes a la cuestión penitenciaria por considerarla de escasa significación política. Venezuela históricamente no ha escapado a esa realidad, observándose que actualmente propende a evadir y maquillar esos problemas, en vez de abordarlos y darle un tratamiento eficiente, por lo que la situación en las cárceles se hace cada día peor. Se ha producido un incremento alarmante de los índices de hacinamiento y de violencia carcelaria, a lo que se aúna un gravísimo retardo procesal, clausura, sin reposición, de ocho establecimientos penitenciarios, pésimas condiciones de reclusiónde los centros de detención preventiva (retenes policiales), y el control de las cárceles por parte de los reclusos. Durante la gestión del MSP han sido eliminados varios de los centros penitenciarios que albergan mayor población penal, y sus internos fueron redistribuidos en otros centros penitenciarios, aumentando gravemente sus niveles de hacinamiento y las circunstancias que se derivan de esa situación. Por otra parte, no se ha observado suficiente interés por mejorar las condiciones de funcionamiento de los centros de detención preventiva, la cual, además de ser extremadamente crítica, tiende a empeorarse al acusar éstos centros altísimos niveles de hacinamiento y, además, por la desatención, casi absoluta, de parte de las autoridades. La situación se complica por la falta de clasificación racional de los internos que facilita la promiscuidad y la influencia criminógena que ejercen los delincuentes más perversos y experimentados sobre los más vulnerables. A todo esto se agregan los problemas ocasionados por el tráfico de armas, el consumo y tráfico de drogas, el ambiente insalubre, la precariedad de los servicios de salud y la pésima alimentación. El ambiente humano y carcelario se agrava, confunde y dificulta cuando el dominio lo ejercen los internos, dando lugar a la aparición de líderes negativos (pranes) y sus efectos nocivos para los internos y las instituciones. Se descuida profundamente, también, la atención debida a los ex internos que están en proceso de reinserción, la mayoría de ellos, enfrentando un medio social que los estigmatiza y excluye. En la mayoría de las cárceles predominan condiciones de vida que son contraproducentes y, con frecuencia, infrahumanas. El interno se ve obligado a convivir en un medio sumamente amenazante y perjudicial para su integridad física, mental, emocional, moral y espiritual, que presenta, además, acentuado carácter criminógeno. Es notable, también, la falta de preocupación por dotar a los establecimientos penitenciarios de personal adecuado en los diferentes niveles de responsabilidad, sobre todo directivos. Es evidente que las políticas por las que se rige el sistema penitenciario no son las apropiadas. Precisa de una política capaz de reorientar y de promover cambios sustanciales en ese sistema. Esa política debe incluir, entre otros: descentralización penitenciaria, prevención del retraso procesal, priorización de las medidas cautelares sustitutivas, instalaciones suficientes y adecuadas, trato respetuoso, clasificación racional, programas de tratamiento y rehabilitación para los internos y, de asistencia post penitenciaria para ex internos. Se hace indispensable también, cambiar la filosofía que fundamenta el sistema penitenciario, para que, de esa manera, no se siga viendo a los internos como seres execrables e irrecuperables y a los establecimientos penitenciarios como instituciones punitivas o aislacionistas sino, fundamentalmente, como instituciones educativas y socializadoras. Y, para que considere al custodio penitenciario como agente socializador y no como cabo de presos. Además, dicha filosofía penitenciaria propiciará que los internos reciban un trato respetuoso, humano, comprensible, sin estereotipos y dirigido a fortalecer su yo, su conciencia moral y a disminuir sus niveles de vulnerabilidad a la influencia del entorno.
