Buenos Aires, 9 may (EFE).- La calma es la norma general con que Argentina vive desde la medianoche (03.00 GMT) de este jueves el comienzo de esta huelga general de 24 horas, segunda bajo el mandato del ultraliberal Javier Milei como presidente del país suramericano, que asumió el cargo el pasado 10 de diciembre.
El paro del transporte público -autobuses, trenes y subterráneos (metro)- es una de las notas más destacadas de la jornada, a diferencia de lo que se vivió el pasado 24 de enero, cuando la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó su primera huelga general bajo la gestión de Milei y ese sector sólo se detuvo a partir de las 19.00 horas (22.00 GMT) hasta el final del día.
No obstante, y aunque la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se sumó a la convocatoria, la empresa DOTA optó por no seguirla y, como informó la Secretaria argentina de Transporte, 42 líneas de colectivos (autobuses urbanos) funcionan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye la capital y sus alrededores.
Poca gente en las calles -frente al bullicio habitual de las mañanas- y muchos pequeños comercios abiertos componen la estampa de muchos barrios de Buenos Aires y su provincia, donde reside más de un tercio de los 46 millones de habitantes de Argentina, aunque el paro se extiende a todo el país.
Trabajadores estatales, del sector bancario, del comercio (grandes superficies), de la educación, del transporte aerocomercial y de carga secundan este paro que tiene lugar pocos días después de la gran movilización en las calles por el Día Internacional de los Trabajadores, el pasado 1 de mayo, y a falta de una jornada para que se cumplan cinco meses del inicio del Gobierno de Milei.
El sector sanitario prestará una atención mínima, priorizando el servicio de urgencias.
A diferencia de enero, cuando la CGT convocó la primera huelga general en el país desde mayo de 2019 -bajo el Gobierno del centroderechista Mauricio Macri (2015-2019)-, este jueves no habrá una gran movilización y la principal central obrera busca paralizar el país en contra de las reformas estructurales que intenta implementar el Ejecutivo.
Los sindicatos protestan contra el fuerte ajuste impuesto por las políticas de Milei y las reformas estructurales recogidas en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, proyecto estrella del mandatario ultraliberal que obtuvo la media sanción en Diputados y ahora espera su trámite en el Senado.
Entre dichas reformas, se encuentran la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, privatización de empresas, establecimiento de un régimen especial de inversiones y una reforma laboral, calificada por el oficialismo como «modernización».
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