El representante de Provea, Marino Alvarado recibió denuncias de parte de los caleteros venezolanos de que funcionarios de ambas naciones les piden dinero para dejarlos trabajar sobre los puentes internacionales
Funcionarios policiales de Colombia y de la Fuerza Armada venezolana chantajean a los venezolanos que laboran como caleteros o carretilleros sobre los puentes internacionales que comunican a ambos países por el estado Táchira y el Departamento Norte de Santander, según denuncia realizada este viernes por el coordinador de Investigación del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos –Provea-, Marino Alvarado.
Durante su visita a la frontera, Alvarado conversó con quienes laboran como caleteros, quienes le informaron la situación. “Ese chantaje se da fundamentalmente porque le cobran a los caleteros para que puedan pasar, se les hostiga, cuando el deber tanto del Estado colombiano como del venezolano es hacer un esfuerzo coordinado para mejorar las condiciones de trabajo, para facilitar que ellos puedan trabajar”, expresó.
Precisó que se trata de personas humildes que están haciendo un esfuerzo de trabajar de forma honesta y hacerle llegar a sus familiares recursos para su subsistencia en Venezuela, por lo que considera que ambas naciones deben ponerse de acuerdo para ver de qué manera se puede canalizar mejor la situación, aunque está seguro que la mejor respuesta que puede dar el Estado venezolano es abriendo la frontera y permitiendo un intercambio comercial lícito.
Está seguro que con la apertura del paso por los puentes internacionales que comunican a ambas naciones, también se evita que los ciudadanos sigan usando las trochas para cruzar, y por lo tanto frena la pérdida de vidas.
“Desde Provea exigimos la reapertura de la frontera, que permita un libre comercio lícito entre Colombia y Venezuela, el libre tránsito, y que disminuyan los riesgos y las violaciones a los derechos humanos”, destacó Alvarado.
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Marino Alvarado informó que durante el 2020 estarán activos cinco mecanismos internacionales para vigilar la situación de derechos humanos en Venezuela. Iniciando la segunda semana de febrero cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh- llegará al país para hacer un análisis de la situación. Como el gobierno de Maduro ha anunciado que no los dejará entrar, cree que posiblemente se instalen en Cúcuta para entrevistarse con las víctimas.
A este mecanismo le sigue la Misión de Determinación de Hecho que fue creada en noviembre del año pasado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene mandato para investigar torturas, detenciones arbitrarias, desaparición forzada y ejecuciones. También está pendiente un segundo informe de Michelle Bachelet para el mes de junio.
Por otro lado la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo estará monitoreando las recomendaciones que le hizo al gobierno sobre el grado de cumplimiento en Venezuela de convenios.
“Estos mecanismos estarán simultáneamente en Venezuela, además de lo que viene haciendo la Corte Penal Internacional para establecer si en el país ha habido o no delitos de lesa humanidad desde 2014 hasta la fecha”, destacó Alvarado.
