CAG se opone a autorización para explotación de oro que afectará la amazonía

El diputado solicitó ante la AN la nulidad absoluta de la Resolución 0010 y la investigación penal sobre el ministro Gilberto Pinto por su responsabilidad en la elaboración de la medida que permite la explotación ver varios ríos y contraria al interés nacional

Diputado Carlos Andrés González

A través de una nota de prensa el diputado de la Asamblea Nacional en representación de Trujillo, Carlos Andrés González, denunció que el régimen de Nicolás Maduro declaró a los ríos Caroní, Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari y Cuyuni, aptos para la explotación de oro y diamantes, lo que atenta contra la conservación de biodiversidad y entra en contradicción con la normativa vigente de protección ambiental.

Ante la plenaria de este martes 21 de abril y por medio de herramientas digitales, el vocero de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, aseguró que “la autorización para explotación fluvial de oro y diamantes en los ríos Caroní, Caura, Cuchivero, Yuruari y Yuruaní, violenta la normativa legal vigente en la Constitución de la Republica y las Leyes Orgánicas de Protección del Ambiente, Ordenamiento Territorial, Diversidad Biológica y Aguas”.

El también secretarios general de Acción Demócrata en Trujillo señaló que las consecuencias de esta explotación serian irreparables con la sedimentación de los ríos, del Gurí y del Delta del Orinoco, «comprometiendo la biodiversidad de la amazonía, la navegabilidad de los ríos y el desplazamiento de las comunidades indígenas, lo constituye crímenes de ecocidio y genocidio».

En su intervención González resaltó la importancia de que el país y el mundo conozca como el «gobierno usurpador» autoriza la explotación fluvial de oro y diamantes en desmedro del ambiente, un crimen ecológico, que se suma a la del Arco Minero del Orinoco el cual se convirtió en un área de alta contaminación, destrucción ambiental y que ha servido de combustión para la violencia en el sur del estado Bolívar, protagonizada principalmente por grupos armados amparados por las Fuerza Armada».

El diputado solicitó la nulidad absoluta de la Resolución 0010 y la investigación penal sobre el ministro Gilberto Pinto por su responsabilidad en la elaboración de la medida que contraria al interés nacional.

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