Brasilia, 15 feb (EFE).- El Gobierno brasileño endureció este jueves las condiciones de reclusión en los presidios federales del país, después de la fuga de dos presos de una cárcel considerada de «máxima seguridad», un hecho calificado de «inusitado» por las autoridades.
El secretario de Políticas Penales del Ministerio de Justicia, André García, explicó en rueda de prensa que, tras esas fugas, se ha decidido suspender las visitas en los penales federales y que los presos permanezcan en sus celdas durante los próximos cinco días.
Estas medidas fueron adoptadas tras la fuga, el miércoles, de dos presos de la cárcel federal de Mossoró, en el noreste del país, que García calificó de «evento inusitado».
Esas fueron las primeras fugas registradas en una de las cinco cárceles federales del país, todas de «máxima seguridad» y en las que son alojados los presos considerados de «alta peligrosidad», en su mayoría miembros de organizaciones criminales.
De hecho, ambos prófugos están acusados de pertenecer al llamado «Comando Vermelho», una poderosa banda del tráfico de drogas de Río de Janeiro, que tiene tentáculos en varios países de Suramérica.
Uno ha sido identificado como Rogério da Silva Mendonça, sobre quien pesan condenas a 74 años de cárcel, y el otro es Deibson Cabral Nascimento, con penas establecidas en 81 años.
Ambos estaban en Mossoró desde septiembre del año pasado, cuando fueron transferidos desde otro penal tras haber participado en una rebelión que concluyó con cinco muertos, tres de ellos decapitados.
García dijo que no podía «detallar» las acciones que la Policía realizaba para capturar a los prófugos, pero aseguró que se estaban empleando «todos los medios disponibles» y que incluso se ha dado aviso a Interpol, frente a la posibilidad de que los dos huidos pretendan salir del país.
Asimismo, se ha abierto una investigación a fin de establecer si hubo algún grado de complicidad interna para la fuga y también se ha «suspendido» de sus funciones a los directores del penal de Mossoró.
En Brasil, de acuerdo a datos oficiales, a fines de 2023 había 832.300 personas encarceladas, en un sistema penitenciario que sólo tiene capacidad para 600.000 detenidos, de los cuales unos 1.500 están recluidos en los penales federales.
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