Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)
El ex juez penalista Dr. Evelio Viloria denunció que en los municipios Boconó y Campo Elías, podríamos estar frente a bandas estructuradas en instituciones públicas.
Con extremada preocupación –dijo el destacado jurisconsulto– vengo observando en los municipios Boconó y Campo Elías, el resurgimiento de bandas criminales estructuradas que estarían instaladas en estas jurisdicciones, al extremo que atentan contra la seguridad de los ciudadanos, cabe decir empresarios, comerciantes, agricultores y productores del campo.
De tal manera que hago el llamado a la Fiscalía Superior del Estado Trujillo, la cual está bajo la responsabilidad de la Dra. Melba Ledesma, con la finalidad que a través del MP y del ciudadano Fiscal General de la República, se ordene la investigación a objeto de evitar el encubrimiento de los presuntos hechos delictuales que se vienen manifestando en estos municipios.
En cuanto a las denuncias de los hechos que narra el Dr. Viloria, nos asegura que existen presunciones en las cuales se ven inmersos funcionarios policiales en los cuales se ha venido manifestando la violación de los DDHH, como es el caso particular de los que han dado lugar a la intervención de la Policía Municipal de nuestra jurisdicción y en la cual violatoriamente al decreto emitido por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz (MPPPRIJP) del entonces Ministro Ernesto Reverol, quien declaró la intervención del cuerpo policial y luego en el contenido del decreto establece el cese de las funciones policiales del referido órgano de seguridad.
No obstante, encontramos que el cuerpo policial sigue operando y la dirección del mismo ha sido asignada a una persona distinta al que fue señalado en el decreto de intervención, sin que este haya sido modificado. En todo caso, – añadió- corresponde esta responsabilidad al MPPPRIJP, mas no a la gobernación del estado en el caso de la policía estatal, por cuanto son dos entes que administrativamente tienen una adscripción totalmente diferente.
Material médico y registro público
También el Dr. Evelio Viloria se refirió dentro del mismo caso de las bandas estructuradas con hechos delictuales graves, por cuanto se atenta contra la salud de los ciudadanos de Boconó y Campo Elías, cuando se ha señalado la presunta sustracción de material médico quirúrgico e insumos de dependencias públicas dispensadoras de salud y las cuales son comercializadas en organismos de salud privada, por lo tanto, debe abrirse una investigación por parte de la Fiscalía General de la República porque podríamos estar frente a una delincuencia organizada enquistada en instituciones públicas y que así se denomina a quienes operan en asociación para delinquir y por lo cual es un delito que está previsto y sancionado en La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.
Igualmente me quiero referir que hay también bandas criminales que estarían operando a nivel del Registro Público con relación a la propiedad inmobiliaria y la cual conlleva a una inseguridad jurídica en cuanto a la propiedad inmobiliaria de muchos ciudadanos de Campo Elías y Boconó.
También quiero referirme a la conformación de bandas criminales que atentan contra la seguridad y la propiedad privada cuando se dedican a promover las invasiones de estas propiedades.
Si bien es cierto que algunas donde no está definida la propiedad por cuanto son inmuebles construidos por el Estado venezolano y que solo poseen los ocupantes cartas de asignación y este último documento en ningún momento otorga la propiedad del inmueble. Por eso en estos casos no puede hablarse de propiedad, pero los ocupantes, se encuentran en posesión de uso y disfrute del inmueble legítimamente porque es el órgano de vivienda del Estado que les atribuyo esa condición a través de las cartas de asignación.
Investigación de varios organismos
Todas estas denuncias de los presuntos hechos a los cuales me estoy refiriendo, corresponde investigarlos constitucionalmente a varios organismos. La Fiscalía General de la República de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público y a la disposición constitucional y con mucha responsabilidad para el esclarecimiento de estos hechos por cuanto son delitos de orden público que en todo caso queda a instancias del Estado y no a instancias de los particulares.
Reconozco que en un primer momento el Fiscal General de la República, se mostró muy receptivo en torno a la situación de la PM por los hechos precedentes que dieron origen de la intervención de la institución, pero hay hechos que sirven de ilustración a la Fiscal Superior del Estado como son los expedientes: MP 133346 del 2020; MP 12490 del 2020, específicamente de los hechos cometidos en la parroquia San Miguel y los hechos cometidos en la parroquia Boconó sector El Pocito, así como en los hechos sucedidos en Las Mesitas) en los que no se ve ninguna celeridad procesal.
Así mismo corresponde al MP adelantar estas investigaciones al igual que tendrá que adelantar conjuntamente con el MPPPRIJP, con la Dirección de Registros y Notarias y la inspectoría de este organismo para determinar qué es lo que presuntamente está pasando en el registro público del municipio Boconó porque está en riesgo la propiedad que durante muchos años los habitantes de: Campo Elías y Boconó, hoy en día se ven en la incertidumbre al no saber si continúan siendo los propietarios de un inmueble porque además de los señalamientos que vengo recibiendo, incluso, se estaría cometiendo una defraudación fiscal contra el Estado venezolano por cuanto se le atribuye la propiedad de un inmueble que el propietario era una persona fallecida y directamente se le transfiere a otra persona sin haber hecho la declaración sucesoral y eso causa una defraudación al fisco nacional.
Noticia críminis
Señaló el Dr. Viloria, que de los casos planteados anteriormente, es responsabilidad de la Fiscalía General de la República, hacer la investigación que corresponde, incluso por Noticia Críminis y recabar los recaudos en los cuales se sustenta cada uno de los señalamientos que yo vertí en esta declaración pedagógica que hice con la sana intención que se cumpla con el estado de derecho que es regido por la CRBV y demás leyes de la República.