Washington, 3 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, ordenó este jueves situar la lucha contra la corrupción como uno de los elementos «principales» de su política internacional, al asegurar que «ataca los cimientos de la democracia».
En un informe publicado hoy y dirigido a todos los departamentos federales, Biden subraya que su Administración liderará «esfuerzos para promover la buena gobernanza», «la transparencia» en el sistema financiero tanto en EE.UU. como a nivel global y buscará impedir que «los actores corruptos oculten sus actividades».
«La corrupción ataca los cimientos de las instituciones democráticas e impulsa e intensifica el extremismo», indicó el mandatario.
De este modo, Biden remarcó que su combate «pasa a convertirse en uno de los elementos principales en los intereses de seguridad nacional del país».
Entre las directrices marcadas, el informe apunta a identificar y encarar la corrupción en todo el mundo, así como modernizar las herramientas existentes para enfrentar las nuevas tecnologías.
En una llamada telefónica, un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que pidió mantener el anonimato, indicó que el objetivo es que todas las agencias federales «refuercen sus esfuerzos» contra la corrupción en todos los ámbitos.
Una muestra de su creciente peso es que será uno de los temas de la agenda de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, quien viajará este fin de semana a Guatemala y a México.
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Harris aseguró esta semana que es necesario «tener discusiones muy francas y honestas sobre la necesidad de abordar la corrupción, el crimen y la violencia» en Guatemala.
La visita de Harris es parte de la estrategia de Biden de frenar de raíz la inmigración irregular hacia su país, en especial desde el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras.
El Gobierno de Biden ha asegurado que pondrá condiciones a los 4.000 millones que quiere entregar durante los próximos cuatro años al esos países centroamericanos.
EE.UU. quiere que la mayor parte de la ayuda vaya a las ONG, organizaciones internacionales e instituciones religiosas que trabajan sobre el terreno con los habitantes de esos países, que al no tener oportunidades se ven obligados a migrar a Estados Unidos, para evitar alimentar la corrupción institucional.
