Especial/DLA.- Después de varios años de rumores, pero sin denuncias formales para precisar los hechos, desde el rectorado de la Universidad de Los Andes, inició la investigación a la Oficina Central de Grados y Registro de Egresados, Ocgre, adscrita a la Secretaría, por irregularidades, encontrado retrasos de hasta año y medio en la entrega de los documentos, además de supuestos gestores representando hasta 15 solicitudes ante la Oficina de Grados y firma del acta de grado, identificando entre estos, a funcionarios de oficinas relacionadas con registros estudiantiles o postgrados, con casos como el de una sola secretaria del área, representando a más de 10 graduandos de postgrado, así como cobros de hasta 100 dólares por documento solicitado, afectando a lo usuarios.
Según un comunicado interno emitido por el rector Mario Bonucci Rossini, el 26 de noviembre 2021, daba cuenta de los avances de las investigaciones iniciadas meses antes, encontrando delitos “tales como: sustracción y desaparición de documentos certificados, presuntas extorsiones a usuarios para hacer entrega de documentos académicos, uso indebido del escudo, imagen y marca registrada de esta Universidad de Los Andes, además de acudir por ante algunas imprentas y tipografías de carácter privado a los fines de solicitar la producción y emisión de papel de seguridad y otras impresiones, cuyo tiraje sólo está reservado a ser realizado por los Talleres Gráficos Universitarios” hechos que fueron debidamente denunciados ante el Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc, iniciando el proceso legal correspondiente, estableciendo correctivos, en diciembre 2021, mientras las investigaciones determinan responsabilidades.
Entre las medidas publicadas el 2 de diciembre 2021, se establece un representado por apoderado. El personal universitario podrá representar solo a parientes de primer tipo de consanguinidad o afinidad. Se exige la obligatoriedad de presentar un poder legal para el procedimiento, donde “contemple explícitamente facultades plenas para los siguientes actos: solicitar, gestionar y retirar documentos certificados, y participación en los actos de grados propiamente dichos (Cierre de expediente ante la Facultad/Núcleo, Oficina Central de Registros Estudiantiles (OCRE) y/o el Consejo de Estudios de Postgrado (CEP), retiro de pergamino por ante la Oficina Central de Grados y Registro de Egresados de la ULA, entrega del diploma debidamente caligrafiado, firma del Acta de Grado y retiro del diploma debidamente firmado por las autoridades, en fecha posterior al acto de grado” señalando no serán aceptados poderes generales o ambiguos.
Tras la medida correctiva, nuevos hechos se suman a la investigación afectando el compromiso asumido para la entrega de los documentos pendientes, pautada para el mes de enero 2022, por lo que el rector informó en un nuevo comunicado como “las computadoras de la noche a la mañana resultaron obsoletas, por tanto, se borraron archivos y hasta los sistemas de información habían desaparecido. Además de la situación presentada, existen una serie de elementos de seguridad que se deben implementar. Tal es el caso de los controles de clave y control de acceso que no han podido ser materializados por las dependencias tecnológicas de la Universidad” ofreciendo disculpas a los afectados.
El rector Bonucci, ha dado instrucción para la reparación del sistema que incluye nuevo cableado, protección a la red para evitar hackeos a la información, así como establecer el acceso restringido a la información, además llevar la investigación hasta el final para encontrar la ruta, origen y responsabilidades del problema.
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Avanzando en la denuncia legal, la ULA exhorta a las imprentas privadas nacionales a evitar imprimir papelería exclusiva de la imprenta universitaria, tales como hojas, carpetas, sellos, entre otros, advirtiendo a “quienes incurran en estos hechos delictivos quedan sujetos al rigor de la ley atendiendo al hecho ilícito que cometen.”
Por otra parte, el rector hace el llamado a los afectados a denunciar “irregularidades que conozcan y afecten sus derechos subjetivos en esta materia, ante la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en el edificio del Rectorado” o por el correo electrónico rector@ula.ve
Bonucci, parece estar decidido a descubrir y corregir la serie de hechos irregulares que todos saben, pero nadie conoce, llevando la investigación hasta el final. Sin embargo, el temor a represalias instaurado en los venezolanos, y la urgencia “de resolver” lleva a muchos a caer en este tipo de situaciones, o a usar a medios o periodistas para informar a las autoridades sobre casos similares. Tal es el caso de una solicitud recibida por DM, donde refiere en la “División de Posgrado de la Facultad de Medicina, se están haciendo ricos los empleados cobrando precios exorbitantes por certificaciones y cualquier documento que solicitamos los residentes, en moneda extranjera y en efectivo, y dependiendo de la urgencia nuestra es el precio que nos cobran” denuncia que responsablemente se ha enviado al rector, para su investigación correspondiente, y en caso de comprobarse su veracidad, se actúe en consecuencia.
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