El abogado Leonardo Gómez, director general de la Asociación Venezolana de Padres y Amigos de Niños Excepcionales (Avepane), afirmó que en Venezuela al menos dos de cada 10 personas podrían presentar algún tipo de discapacidad desde el punto de vista cognitivo.
“Es una población que ha ido creciendo y que, en determinados casos, no solo en el ámbito escolar, sino también en el social y empresarial, y como sociedad, nos hemos quedado un poco ‘sobrepasados’ en las formas en las cuales podemos abordar estas situaciones”, dijo Gómez en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias.
Agregó que este aumento de la población con necesidades especiales o capacidades distintas ha llevado a que los sectores con responsabilidades directas en materia de inclusión se vean limitados en la manera en que pueden aportar y brindar apoyo.
“Lo importante es trabajar más en las herramientas que podamos brindarle a todos los sectores para que practiquen una verdadera inclusión”, afirmó.
Concientizar, formarse y acompañar
El director de Avepane insistió en que la inclusión comienza por la concientización social. “Se trata de entender que son personas perfectamente productivas, con habilidades y capacidades distintas, pero que pueden aportar plenamente a la sociedad”, señaló.
Indicó que la formación es clave, por lo cual, padres, docentes y empleadores deben buscar información, capacitarse y manejar herramientas que permitan integrar de manera segura a las personas con discapacidad en espacios educativos, laborales y comunitarios.
Sobre el proceso de diagnóstico, recomendó que al detectar ciertos comportamientos atípicos en el área comunicativa, conductual o de la personalidad, es necesario acudir a un especialista (psicólogo o psicopedagogo) para que evalúe al niño.
Además, enfatizó que los padres deben recibir acompañamiento, comprender que no son culpables de lo que sucede y que son condiciones que no limitan a su hijo.
Falta de políticas públicas y de accesibilidad
Gómez señaló que Venezuela aún tiene una deuda en materia de accesibilidad y políticas públicas que garanticen atención integral, no solo para quienes viven con la condición, sino también para sus familias.
Aunque reconoció un auge reciente en áreas como psicología y terapias de lenguaje u ocupacionales, recordó que este tipo de estudios suelen ser costosos.
A su juicio, la articulación entre Estado, sociedad y sector privado permitiría impulsar becas y programas educativos que faciliten el acceso a estas herramientas tanto en colegios públicos como privados.
Alcanzar una mayor inclusión laboral
El abogado afirmó que existen experiencias positivas en empresas que, a través de alianzas, han incorporado a personas con discapacidad en espacios seguros e inclusivos en actividades de informática, manualidades, arte, pintura y recreación.
Recordó que la legislación venezolana establece la obligación de tratar a estas personas con respeto, dignidad y empatía.
“Lo importante es que tanto el Estado como quienes estamos vinculados al cumplimiento de las leyes podamos aplicarlas”, añadió.
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