Sídney (Australia), 12 sep (EFE).- Australia busca multar a las redes sociales y las plataformas digitales con el 5 % de sus ingresos globales por difundir noticias engañosas o falsas que causen un daño grave, según una propuesta de ley presentada este jueves ante el Parlamento de Camberra.
El proyecto de Enmienda de la Legislación de Comunicaciones (Lucha contra la Desinformación) de 2024 «se centra especialmente en combatir los contenidos más gravemente nocivos en las plataformas digitales, y contiene protecciones reforzadas para la libertad de expresión», según un comunicado gubernamental.
«La información errónea y la desinformación suponen una grave amenaza para la seguridad y el bienestar de los australianos, así como para nuestra democracia, sociedad y economía», recalcó la ministra australiana de Comunicaciones, la laborista Michelle Rowland, en el comunicado.
«No hacer nada y permitir que este problema se agrave no es una opción», agregó la ministra al justificar esta medida que consideraría como un daño grave las interferencias electorales o la difusión de información falsa que ponga en riesgo la seguridad, el bienestar o la salud.
Para luchar contra la desinformación y la información errónea que cause grave riesgo, la propuesta contempla otorgar más poderes para fiscalizar y regular a la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Comunicación (ACMA, siglas en inglés), según el comunicado gubernamental.
Así, la ACMA podrá aprobar un código sectorial obligatorio o elaborar normas en caso de que las medidas adoptadas por las plataformas para regularse no avancen la lucha contra la desinformación, agrega el texto.
Estas medidas, que complementan a los códigos voluntarios que se han impuesto las plataformas digitales y las redes sociales, también obligará a las plataformas digitales a incrementar su transparencia respecto a sus gestiones para luchar contra la desinformación en sus servicios.
Pero, de contravenir las normas, se contemplan multas, entre ellas el 5 % de los ingresos globales de las plataformas digitales como Meta (dueña de Facebook e Instagram), que se ha negado este año a seguir honrando un acuerdo de 2021 para pagar por los contenidos periodísticos de los medios del país que publica en sus plataformas.
La ley no dará poderes a la ACMA para retirar contenidos individuales o cuentas de usuarios, dado que las plataformas son y seguirán siendo responsables de gestionar los contenidos en sus servicios de acuerdo con sus propias condiciones de servicio, agregó el texto.
Esta propuesta se da en el marco de una serie de iniciativas que han sido anunciadas o presentadas ante el Parlamento contra el ‘doxing’ (revelar información de una persona en línea sin su consentimiento) y la imposición de límites de edad para acceder a las redes sociales.
La desinformación en las redes sociales ha sido abordada por la Unión Europea que implementó en 2022 la Ley de Servicios Digitales, que obliga a las plataformas a remover contenido ilegal, dañino o falso, así como en Francia, Alemania o Brasil.