Prensa OVV Táchira.- Desde el Observatorio Venezolano de Violencia en Táchira (OVV Táchira), a través del monitoreo de prensa, se ha detectado que el estado se ha convertido, entre los meses de junio y agosto, en un territorio que se utiliza como corredor para el transporte de drogas. Dicha actuación criminal representa una oportunidad económica para sus victimarios, especialmente por la ubicación geográfica fronteriza de la entidad andina, dada su cercanía con Norte de Santander Colombia y las posibilidades que existen en este lado de la región para delinquir y obtener un beneficio.
De los datos destaca que, en los meses antes señalados, han ocurrido 27 sucesos de este tipo, siendo agosto el mes con mayor incidencia, encabezado por 12 sucesos, seguido de julio con 10 y 5 sucesos en junio, lo que deja ver que estos delitos van en aumento. Llama poderosamente la atención, que la participación de la mujer como victimaria -principalmente entre 17 y 36 años- también ha aumentado en este delito, sumando el 37%.
El modus operandi que se emplea tiene sus particularidades, pues la droga suele ser empacada en productos de primera necesidad, tales como: latas de atún, sardina, harina precocida, así como en camiones de verduras e insumos agrícolas que intentan pasar desapercibidos por las alcabalas, “generalmente en Vega de Aza” a plena luz del día, específicamente en aquellas semanas de cuarentana radical colectiva.
Otro rasgo importante es que los victimarios no han sido solamente civiles, sino que existen funcionarios policiales y militares de alto rango implicados en este tipo de hechos ilícitos, a quienes se les atribuye un trato distinto en los medios de comunicación social, pues no se devela su identidad y, al parecer, cuentan con un plácet por parte del Estado para ser procesados de un modo “privilegiado”.
Según la profesora Anna María Rondón Trejo, coordinadora del OVV Táchira, “esta situación pone de manifiesto la necesidad económica que existe en los hogares de los Llanos y el centro del país, que son los destinos de la droga principalmente reportados en los sucesos de la prensa regional. Es necesario recordar que, hasta el mes de marzo, muchas personas, principalmente mujeres de esos estados, representantes de familias monoparentales, compraban en Cúcuta (Colombia) artículos de primera necesidad para revender en sus comunidades, ante la inminente escasez de los mismos en sus localidades. Sin embargo, luego del cierre de la frontera por la llegada del Coronavirus, las mujeres dedicadas a esa actividad económica que generaba la manutención de sus familias se han quedado sin su principal fuente de ingresos. Merece la pena observar con detenimiento esta situación que vulnera aún más a la mujer, que, a falta de oportunidades de reinserción laboral, recurre a este delito para obtener una ganancia económica, exponiéndose al riesgo de convertirse en objeto de victimización terciaria. Hecho que recae también de forma indirecta sobre las personas dependientes de ella”.
Otro elemento que preocupa, a la hora de analizar la incidencia de estos hechos delictivos, es la organización y estructura que existe detrás de ellos, pues “aunque no se puede afirmar que los victimarios que transportan la droga son los mismos que la venden a los consumidores, se considera que sí existe una estructura de mediano orden, que organiza la búsqueda de la droga con los contactos que la venden en Táchira o en Cúcuta, y a quien el que la transporta, la entrega al llegar a su destino”, concluye Rondón.
