Bogotá, 11 mar (EFE).- Entre 2022 y marzo de 2024 han sido asesinadas 42 lideresas en Colombia, una cifra que representa «toda una cachetada a un Gobierno que se propuso protegerlas», según el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que también denunció las 125 lideresas asesinadas desde 2019.
El recuento de los asesinatos suma 22 casos en 2019, 34 en 2020, 28 en 2021, 14 en 2022, 27 casos en 2023 y un caso adicional durante los dos primeros meses de 2024.
El 2020 acumula la cifra más alta de asesinadas, con un promedio de 2,8 lideresas al mes, en pleno gobierno del expresidente Iván Duque y con una cuarentena que no impidió el ascenso de violencia, rescató el informe publicado este lunes.
Según este documento, una de las mayores problemáticas en lo que se refiere a la situación de la violencia que viven las lideresas y defensoras de derechos humanos tiene que ver con la impunidad y la falta de acceso a la justicia.
Un 86 % de los casos presentados ante las autoridades entre enero de 2023 y marzo de este año están archivados sin un culpable y el 14 % corresponde a disidentes del Acuerdo de Paz del 2016.
Desde Pares critican la insuficiencia de las investigaciones realizadas por la Fiscalía, que atribuye los hechos a actores armados y el control que ejercen sobre los territorios, dejando de lado el interés por determinar quiénes son los responsables.
Según datos del ente acusador, los principales perpetradores de los asesinatos son las disidencias de las FARC en un 51 %, seguidas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, cada uno con 9 %, el Ejército Popular de Liberación (EPL) con un 4 % y otros grupos más locales con el 5 %.
Liderazgo y cuidados
Las lideresas asesinadas eran mujeres que ejercen liderazgo comunitario, político, ambiental y de víctimas.
De hecho, según el Observatorio para la defensa de la vida (Odevida), el 38 % de ellas ocupaban roles de liderazgo en las Juntas de Acción Comunal (JAC), ya fuera como presidentas o miembros.
«Esto evidencia que los agresores y asesinos atacan contra personas que buscan mejorar las condiciones de vida de sus comunidades», como María Isabel Ramos, líder comunal del departamento de Caquetá que destacaba por sus trabajos comunitarios que en su mayoría eran con personas mayores.
Además, los datos demuestran que muchas de las lideresas como María del Pilar Hurtado eran madres y fueron asesinadas en presencia de sus hijos menores de edad.
El 21 de junio de 2019, uno de los cuatro hijos de María del Pilar vio cómo disparaban a su madre en la localidad de Tierralta en el departamento de Córdoba (noroeste).
Ella lideraba la toma de un predio de 14 hectáreas por el que estaba amenazada y que era contiguo a la zona de invasión más grande del municipio, conocida como Nueve de Agosto, donde ella residía, junto con su esposo y sus cuatro hijos.
Mujeres como ella dirigían importantes luchas sociales y políticas, y «su labor es fundamental para la construcción de una sociedad más justa y equitativa», reseñó el informe, quien urgió la creación y el fortalecimiento de mecanismos de protección para estas mujeres y líderes sociales en todos los territorios del país.