El pasado miércoles 8 de noviembre, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), discutió y aprobó la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, la cual entró en vigencia el jueves 9 del presente mes, toda vez que se publicara en gaceta oficial N° 41.274, la cual está conformada por 25 artículos que tienen como finalidad promover la tolerancia en el país y prevenir cualquier forma de odio, hostigamiento y violencia por circunstancias políticas, religiosas, sociales, raciales y otras formas que afecten la integridad de las personas.
Sin embargo, este controversial y polémico estatuto, trajo como consecuencia, un amplio debate y rechazo por parte de dirigentes políticos que afirmaron que esta es la nueva arma del gobierno para perseguir y callar a quienes disienten del oficialismo. Luis Millán, coordinador de organización del partido Voluntad Popular, aseveró que este instrumento es ilegal, pues nació del seno de una Asamblea Nacional Constituyente, instaurada de forma fraudulenta por órdenes de Nicolás Maduro.
“No podemos aceptar una ley que viene de una institución ilegitima, que violenta la libertad de expresión, derechos políticos y derechos humanos, como también busca la manera de inhabilitar los partidos políticos” expresó Millán, quien a su vez, calificó de contradictorio, que estos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, publiquen una ley de paz, “cuando ellos incentivan el odio, el revanchismo y radicalizan la polarización política entre los venezolanos, no podemos aceptar esta ley, que busca la confrontación” sentenció.
Para Millán la prioridad que tuvo la ANC para tal fin, es coartar y callar los derechos constitucionales de la disidencia del país, también sacar del juego político a las organizaciones que le hacen frente al oficialismo, “estamos claros que esta ley va a servir como herramienta, para que el gobierno nacional vaya aniquilando toda la oposición del país”.
Seguir movilizados
Por su parte, para Daniel Briceño, dirigente estudiantil del movimiento Liberación 23 de la Universidad de Los Andes, no titubeó en aseverar que esta ley tiene como objetivo, terminar de silenciar a todo aquel dirigente o líderes comunitarios que ejerzan su derecho constitucional a protestar para exponer una problemática y buscarle una solución a la misma. “Vemos como el gobierno busca callar las redes sociales y los pocos medios de comunicación que aún siguen informando la verdad del país”.
Ante este panorama de censura, el líder estudiantil consideró la necesidad de seguir movilizados en las calles, para exigir un mejor país, condiciones óptimas para vivir y servicios públicos eficientes. Reiteró su rechazo a este instrumento, que quiere “tapar el sufrimiento de los venezolanos ante la crisis económica, social, política y humanitaria del país; pero seguiremos denunciando, si nos quieren meter 20, 30 o 40 años preso, háganlo, estamos dispuestos a asumir el castigo de perder la libertad, pero no vamos a caducar en nuestra lucha, seguiremos firmes y denunciando a todos los organismos internacionales este nuevo cerco que pretende implementar la Asamblea Constituyente”.
Lea también
Puntualizó que, a la ANC le convenía aprobar de forma fraudulenta este instrumento en víspera de navidad, para evitar que los ciudadanos se expresen de manera pacífica en rechazo a la crisis en el país, pues vaticinó que para estas pascuas “va a arreciar las dificultades para comprar comida y productos de primera necesidad, por lo que les conviene mantener callados a los dirigentes y al pueblo ante lo que va a pasar en los próximos días”. Daniel Briceño no descartó que esta ley sirva para perseguir y amedrentar a los líderes opositores y ciudadanos, por lo que advirtió que en las próximas horas se pueden producir varios arrestos a la disidencia venezolana.
Mordaza a los medios
Carlos Correa, director ejecutivo de la ONG Espacio Público, expresó que este proyecto va a castigar de forma “brutal” a quienes piensen diferente o critiquen la gestión del Psuv, está claro que es una legislación que va a silenciar a los medios, pese a que la ANC no esta facultad para elaborar leyes, ya que su principal función es crear una nueva constitución.
Advirtió que se avecinan medidas “muy duras” para las personas que se expresen en contra del Gobierno a través de las redes sociales, a su vez, trajo a colación la forma unilateral en la que fueron retirados varios canales internacionales de la televisión por suscripción, añadiendo que de la misma manera se “intentarán obligar a los proveedores del servicio de internet a que saquen una página web del aire (…) y si algunos funcionarios militares o policiales obligan a las personas que les dé la clave para revisar su teléfono y si les consiguen conversaciones en contra del gobierno son incriminadas por eso”, denunció.
Ellos opinan
Para María Consuelo Rivas, es necesario que la ANC, revise las prioridades para solucionar la crisis en el país, “ya que no es necesario aprobar una ley que no tiene sentido, deberían avocarse a la economía y a bajar la inflación.
Graciela Lobo, desconoce esta ley, dijo que no fue informada del “porque, cuando y cuantos artículos tiene la misma, no es necesario que la constituyente aplique esto, para eso tenemos una constitución y otras leyes, y si la gente está llena de odio, es por la crisis que estamos viviendo, mientras los políticos pelean, el pueblo no tiene plata ni comida”.
El señor Víctor Antonio Araujo, mantiene firme su posición en desconocer la ley contra el odio, así como no comparte la ANC, ya que a su juicio, “la constituyente no contó con el aval de todos los venezolanos, solo de un sector y por lo tanto tenemos derecho a desconocer todas sus actuaciones”.
