Caracas, 26 abr (EFE).- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) designó este martes, tras un aplazamiento de 31 días, a los 20 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que conformarán las siete salas del Poder Judicial durante los próximos 12 años.
Entre los designados se encuentran varios magistrados del periodo anterior, como el actual presidente de la instancia, Maikel Moreno, además de Lourdes Anderson, Luis Fernando Daminani y Calixto Ortega, que repiten en la Sala Constitucional.
En la Sala Electoral, repiten Fany Márquez e Inocencio Figueroa —que se encontraba antes en la Sala Político Administrativa—, mientras que en la de Casación Penal continúan Elsa Yaneth Gómez y el presidente Moreno, y en la de Casación Social, se mantiene Edgar Gaviria.
También destaca la designación de Gladys Gutiérrez, quien fue presidenta del TSJ entre 2013 y 2017.
Este grupo pasa a formar parte del TSJ, pese a que el artículo 264 de la Constitución de Venezuela establece que «los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un único período de doce años».
Destacan, igualmente, dentro de las designaciones la hasta hoy rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tania D’Amelio, quien ahora será magistrada y formará parte de la Sala Constitucional, y la diputada Gladys Requena, designada inspectora general de los tribunales.
El nuevo TSJ contará también con magistrados cercanos a la oposición, como José Luis Rodríguez, en la Sala de Casación Civil; Elías Bittar, en la Sala de Casación Social; y Luis Emilio Rondón, suplente en Sala Político Administrativa, además de Figueroa, de la Sala Electoral.
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El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que se cumplió «cabalmente» con lo establecido en la Constitución venezolana para la selección de los nuevos magistrados y celebró el acuerdo que llevó a esta lista.
La elección de los nuevos magistrados del TSJ fue diferida el pasado 25 de marzo, cuando la AN, de mayoría chavista, indicó que se buscarían acuerdos y profundizar en el trabajo del proceso y consulta al respecto.
Esto fue denunciado, el pasado 6 de abril, por la ONG venezolana Acceso a la Justicia, quien aseguró que se trataba de un retraso injustificado y que el Parlamento había «modificado al menos en ocho ocasiones la convocatoria a la sesión ordinaria que debía celebrarse dentro de los 5 días continuos tras la recepción del listado enviado por el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano».
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