El gobierno de Javier Milei presentó formalmente una protesta ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los “atropellos” y el “asedio” del gobierno de Nicolás Maduro contra los seis dirigentes opositores que están asilados desde marzo en la Embajada argentina en Caracas.
La queja fue llevada ante el organismo por Mario Oyarzábal, embajador argentino en Países Bajos y representante ante la CPI, con sede en La Haya, informó el diario La Nación.
“La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía contra Maduro, que en medio de la polémica fue declarado vencedor de las últimas elecciones en ese país. Desde el 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más, Venezuela no puede considerarse un Estado de derecho”, dijo el diplomático en declaraciones publicadas por el mismo diario.
Sostuvo que “los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados, y la voluntad democrática de su población es ignorada de modo deliberado”.
Oyarzábal insistió en que se deben abrir investigaciones rigurosas tras las detenciones arbitrarias y tratos inhumanos que se han registrado en Venezuela. Destacó las situaciones de asedio contra la sede diplomática “por parte de fuerzas policiales y actores armados no identificados. Esto en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuyas vidas e integridad se encuentran en peligro”, hoy bajo la protección de Brasil.
“Es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras sedes diplomáticas. También que se otorguen de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura”, dijo.
Oyarzábal pidió a la CPI actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados a la justicia.
Dos semana de asedio
Argentina llevó su reclamo en la Haya casi dos semanas después de que el grupo de 6 opositores venezolanos denunciara la persecución. “Si es por nosotros, los rescatamos, pero no es tan sencillo”, explicaron en la Casa Rosada. El canciller Gerardo Werthein fue quien dio instrucciones a Oyarzábal, convencido de hacer “lo que haga falta para defender la vida de los asilados”.
El gobierno de Milei enfrenta algunas dificultades para atender la situación. Las relaciones entre Argentina y Brasil se encuentran tensas, lo que impide una acción conjunta. Además, los encargados de seguir el caso, el exvicecanciller Leopoldo Sahores y el ex subsecretario de Asuntos Americanos, Mariano Vergara, renunciaron a sus cargos.
Desde agosto, la embajada argentina permanece bajo la protección de Brasil, luego de la expulsión de los diplomáticos del país austral. Aun cuando el gobierno de Maduro revocó esa autorización en septiembre por la supuesta planificación de actos terroristas en el interior de la sede.
Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Omar González, Claudia Macero, Humberto Villalobos -todos colaboradores del partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado- y el exministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria, son quienes se encuentran en condición de asilo en la sede diplomática.
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