Caracas, 10 abr (EFE).- Bajo la sombra del ataque militar de EE.UU. que terminó con la captura de Nicolás Maduro, Venezuela ensaya una apertura política en un escenario de claroscuros, donde la movilización ciudadana y la liberación selectiva de presos políticos conviven con una estructura represiva que, según analistas consultados por EFE, se mantiene.
Si bien el Gobierno interino de Delcy Rodríguez proclama un mensaje de «reconciliación y perdón» que ha permitido a dirigentes opositores salir de la clandestinidad y a trabajadores retomar las protestas de calles, aún quedan secuelas del férreo control social impuesto tras las elecciones de 2024, en las que Maduro fue proclamado ganador entre denuncias opositoras de fraude.
Un ejemplo de ello fue una marcha de sindicalistas que este jueves exigían un aumento de salario mínimo mensual y que la Policía bloqueó cuando intentaban llegar al Palacio presidencial de Miraflores.
Los agentes golpearon con cascos, escudos y piedras a los manifestantes, que fueron rociados con gas pimienta, al tiempo que 10 periodistas, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), fueron agredidos. No se trata de un hecho aislado, pues ya son más de 80 las agresiones computadas por este gremio en el primer trimestre del año.
Tampoco la amnistía, iniciativa anunciada como una muestra de reconciliación, ha dado los frutos esperados.
Aunque ya son 8.000 los amnistiados en virtud de una ley promovida por Rodríguez para los presos políticos de los 27 años del Gobierno chavista, la anulación de sus causas no oculta la vigencia de un sistema de Justicia y de una institucionalidad que, coinciden expertos, es abiertamente afín al chavismo y responde a órdenes políticas.
En Venezuela permanecen tras las rejas más de 480 presos políticos, contabiliza la ONG Foro Penal, que reportó una detención durante la marcha del jueves.
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Con este trasfondo, la activista del colectivo de derechos humanos Surgentes Martha Lía Grajales dijo a EFE que después del 3 de enero se registra en el país no «una apertura del espacio democrático», «sino apenas una rendija», que, consideró, «es pequeña».
Amenaza latente
La también abogada, quien estuvo detenida durante una semana en agosto del año pasado acusada de «incitación al odio» y «conspiración» tras protestar en favor de presos políticos frente a la ONU en Caracas, se muestra cauta y dice que mientras se mantengan las «estructuras» que han permitido la «persecución política» en el país, la represión «es una amenaza».
En opinión del director de la ONG Provea, Oscar Murillo, quienes se manifiestan o se oponen a lo establecido actualmente están en riesgo, ya que, a su juicio, no existe «hasta ahora desde el punto de vista legal o jurídico un avance concreto, creíble, de que se esté desmontando precisamente el aparato represivo».
Ambos coinciden en que para que haya un verdadero espacio democrático deben derogarse leyes, como la que regula a las ONG, la ley contra el odio que ha permitido la encarcelación de personas por difundir mensajes en redes sociales, así como una reestructuración de los cuerpos de seguridad y de justicia.
Señalan igualmente que debe darse la liberación de todos los presos políticos «sin condiciones» y la convocatoria a comicios con un nuevo árbitro electoral y con la plena garantía de que todos los partidos puedan participar.
¿Y la persecución?
Grajales opina que la persecución desatada en 2024, cuando más de 2.000 personas, según ONG, fueron detenidas en medio de la crisis postelectoral, «ha disminuido», pero «no ha desaparecido».
«Yo siento que es como un perro rabioso que todavía está con ganas de morder, pero que en este momento tiene un bozal y una correa por una, digamos, acción externa que lo mantiene contenido, ¿no? Que en este caso sería el Gobierno de Estados Unidos», añade Grajales, al advertir que «en la medida en que esa presión externa disminuya o no se ejerza, podría nuevamente desatarse».
Alertó, en ese sentido, que el presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU), Miguel Ángel Suárez, fue perseguido tras encabezar la marcha opositora del pasado 12 de febrero, en tanto que sindicalistas que participaron, un mes después, en una protesta para exigir el alza de los salarios fueron hostigados.
«Yo creo que en esta etapa, Venezuela lo que necesita es que se garantice el disenso. Que pueda garantizarse la pluralidad», concluye, por su parte, Murillo.
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