Miami, 26 jul (EFE).- El exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, exiliado en España, denunció este miércoles en Miami (Florida) que el Ministerio Público de Venezuela intenta hacer creer a la Corte Penal Internacional (CPI) que investiga violaciones de los derechos humanos mediante diligencias «irrelevantes».
En una carta dirigida hoy al fiscal ante la CPI Karim Khan, a la que tuvo acceso EFE, Ledezma relata lo que le ocurrió recientemente en Madrid, donde tiene su residencia, aunque actualmente se encuentra en Miami.
El exalcalde fue citado por el Ministerio de Justicia de España a una diligencia de investigación basada en una solicitud de asistencia mutua en materia penal proveniente de la Fiscalía Trigésima Novena (39na.) del Ministerio Público venezolano.
Según la información que le suministraron al dirigente opositor, la fiscalía 39 está «conociendo casos de la Corte Penal Internacional, entre ellos el suyo por el delito de «privación ilegítima de la libertad».
Lo que se pretendía, dice Ledezma en la carta, es que concertara una cita para una entrevista por vía telemática e hiciera un «retrato hablado» de los funcionarios policiales que lo detuvieron, algo a lo que se negó.
«Quiero expresar mi más rotundo rechazo a esa solicitud, pues procura seguir victimizándome al intentar simular una investigación sobre hechos que jamás han sido indagados seriamente y que, por el contrario, han sido encubiertos por toda la estructura judicial del Estado» de Venezuela, dice Ledezma al fiscal Khan.
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A juicio del opositor exiliado, se trata de «una insólita petición de asistencia», dado -dice- que su «detención arbitraria está perfectamente documentada en un simulado expediente judicial, además de videos, fotografías, entre otras fuentes de prueba».
«Los funcionarios que actuaron en esta ilegal detención suscribieron un acta policial de tal diligencia, en la que consta su identificación plena y organismo de adscripción, todo lo cual está en manos del Ministerio Público», agrega.
«Pero es que, además, luego de ser ilegalmente detenido, una fiscal de ese mismo Ministerio Público solicitó ante un Juez de Control que se decretara una medida de privación judicial de libertad en mi contra, y eso consta en el expediente judicial».
Por todo ello, Ledezma le asegura a Khan que «el Ministerio Público, a cargo de Tarek Williams Saab, intenta engañar a la Corte Penal Internacional en el marco del memorándum de entendimiento firmado por Venezuela con su Despacho».
«No hay mayores pruebas (de mi detención ilegal) que el expediente mismo», subraya, tras mencionar a la actual presidenta del circuito Judicial Penal de Caracas, Katherine Harrington Padrón, como la jueza que le acusó «sin prueba alguna».
La carta termina con la «denuncia» de que «no existe seguridad alguna para las víctimas de crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado venezolano».
«El Ministerio Público y todos los tribunales actúan de forma coordinada con el Poder Ejecutivo en la comisión de estos crímenes, y lejos de proteger a las víctimas, procuran encubrir a los autores o partícipes», subraya.
El mismo Fiscal General de Venezuela, Tarek Williams Saab, «es un eslabón fundamental en la perpetración de los crímenes de encarcelamiento y persecución, además de permitir que la tortura se institucionalizara por parte de los organismos de seguridad», subraya.
Según Ledezma, el Ministerio Público venezolano, junto a otras instancias oficiales, «intenta dar una falsa percepción de justicia» para intentar entorpecer la investigación sobre Venezuela que ha sido autorizada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional.
En noviembre de 2017, Ledezma, que estaba detenido en su casa desde 2015 bajo cargos de conspirar contra el Gobierno de Nicolás Maduro, huyó a Colombia para luego viajar a España.
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