Por: José Francisco Conte Capozzoly
A raíz de los sismos ocurridos el 24 de junio de 2026, las redes sociales y diversos reportes ciudadanos han dado cuenta de la presunta comisión de múltiples hechos delictivos en las zonas afectadas. Entre ellos se mencionan hurtos, robos, saqueos, estafas y otras conductas que, de confirmarse, deberán ser investigadas y sancionadas conforme a la ley.
Las situaciones de calamidad pública constituyen escenarios particularmente propicios para la aparición de determinadas formas de criminalidad. La criminología ha estudiado ampliamente este fenómeno y ha identificado diversos factores que contribuyen a su aparición.
En primer lugar, suele producirse un debilitamiento temporal de la capacidad operativa del Estado. Los organismos de seguridad y protección civil concentran sus esfuerzos en las labores de búsqueda, rescate, atención médica y asistencia a los damnificados, disminuyendo inevitablemente las tareas ordinarias de vigilancia y patrullaje.
A ello se suma el colapso parcial de los servicios básicos y de los sistemas tecnológicos. Las interrupciones del servicio eléctrico y de las comunicaciones afectan el funcionamiento de alarmas, cámaras de seguridad y demás mecanismos de prevención y control, generando condiciones que algunos delincuentes aprovechan para actuar.
Existen igualmente conductas asociadas a situaciones extremas de supervivencia. La escasez de agua potable, alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales puede llevar a determinadas personas a cometer hurtos de subsistencia. Comprender este contexto no significa justificar tales conductas, sino analizarlas desde una perspectiva científica y social.
Desde la sociología, estos escenarios han sido explicados mediante el concepto de anomia social, desarrollado por Émile Durkheim y posteriormente ampliado por Robert K. Merton. Cuando las estructuras sociales se fracturan y las normas pierden temporalmente eficacia, disminuyen los controles sociales y aumenta la probabilidad de conductas desviadas. A ello se suma el denominado efecto contagio, según el cual la observación de conductas impunes reduce las barreras psicológicas y morales que normalmente inhiben la comisión de delitos.
No obstante, el fenómeno más grave es el oportunismo criminal. Bandas organizadas e individuos con antecedentes delictivos suelen aprovechar el caos para ejecutar robos, saqueos, extorsiones y otros delitos patrimoniales, conscientes de que la capacidad inmediata de respuesta de las autoridades se encuentra seriamente limitada.
Desde el punto de vista jurídico, esta conducta merece un mayor reproche. La legislación penal venezolana, al igual que la de numerosos países, contempla circunstancias agravantes cuando determinados delitos son cometidos aprovechando situaciones de calamidad pública o de especial vulnerabilidad de las víctimas. El fundamento resulta evidente: quien se aprovecha del sufrimiento ajeno para delinquir lesiona no solo el patrimonio o la integridad de las personas, sino también los principios mínimos de solidaridad y convivencia que deben prevalecer en momentos de crisis.
Especial gravedad revisten los delitos cometidos por funcionarios públicos, miembros de cuerpos policiales, militares o personal encargado de labores de rescate y protección. Quienes tienen el deber jurídico y moral de proteger a la población no pueden convertirse en victimarios aprovechando las circunstancias excepcionales que viven los ciudadanos. Del mismo modo, cualquier acto de corrupción, desvío o malversación de recursos destinados a la atención de los damnificados constituye una de las expresiones más graves de degradación institucional.
Conviene igualmente actuar con prudencia frente a la información que circula en redes sociales. En momentos de emergencia abundan los rumores y las noticias no verificadas. Corresponde a las autoridades investigar con rigor cada denuncia, determinar responsabilidades sobre la base de pruebas y sancionar ejemplarmente a quienes resulten culpables, evitando tanto la impunidad como las acusaciones infundadas.
Las tragedias naturales ponen a prueba la capacidad de respuesta del Estado, pero también la fortaleza ética de la sociedad. Mientras miles de ciudadanos han demostrado un extraordinario espíritu de solidaridad, desprendimiento y compromiso con sus semejantes, otros han optado por aprovechar el dolor colectivo para obtener beneficios ilícitos. Esa conducta no solo constituye un delito; representa una profunda quiebra de los valores que sostienen toda convivencia civilizada y merece el más firme rechazo social y jurídico.
José Francisco Conte Capozzoly
*Abogado y Docente Universitario