Douglas Abreu / CNP 21627
@douglasabreub
En la Alcaldía de Motatán, son más de cincuenta (50) los trabajadores que ingresaron durante la anterior gestión de Janet Araujo, que están siendo objeto de acoso, persecución y hostigamiento laboral por parte de las nuevas autoridades municipales que encabeza el alcalde Heriberto Materán, según lo han dado a conocer públicamente algunos de sus familiares y compañeros de trabajo, que ahora temen ser los próximos porque tienen conocimiento que para finales de mes – supuestamente – hay otra lista de sesenta (60).
Por instrucciones del corregidor municipal, para ejecutar esta inhumana e infausta acción de gobierno contrataron los servicios de una abogada, que se ha establecido como en una especie de Tribunal de la Inquisición para burlar la vigente inamovilidad laboral que ampara actualmente a la clase trabajadora.
Instancia donde los trabajadores – como si de acusados de algún delito se trataran – son citados para que acepten y firmen un contrato donde se establece que su fecha de ingreso es desde enero del presente año 2022, con lo cual, pierden sus años de servicios, donde algunos tienen hasta 3 años, otros con dos y un año trabajando en dicho organismo publico.
Sume a lo anterior que ya es bastante grave, el hecho de no respetar que entre estos trabajadores – uno o varios – se encuentran enfermos. Hasta el punto de desconocer el reposo medico emitido por el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), según se ha conocido en medios radiales locales y redes sociales.
Humillante: “Lo toma y lo deja”
Los trabajadores son conminados y bajo presión para que acepten, y como ultimátum la lapidaria y humillante frase “Lo toma y lo deja”; de lo contrario, se va. El propósito de esta política, hecho publico por funcionarios del entorno en pasillo y fuera de la sede de la Alcaldía, que es la única manera que tienen para poder cumplir con los compromisos adquiridos y los cargos ofrecidos en la campaña a personas que si bien merecen, tienen derecho y nadie esta en contra que le den trabajo, no puede ser violando los derechos laborales a otros.
Jamás se esperaba que las nuevas autoridades municipales actuaran en contra de humildes madres y padres de familia, nada lo justifica mucho menos argumento que lo sustente, lo más grave, que están utilizando los dineros del municipio para ocasionar daño a la familia que dependen de ese sueldo o salario, a cuyos miembros los están condenando al hambre y la miseria. Son motatanenses, más allá del partido político en el que militen o quien le halla dado el trabajo.
Desamparados y abandonados
Pero lo más triste de esta tragedia, los trabajadores se encuentran “desamparados y abandonados” sindical, institucional y políticamente, representantes que de no actuar en defensa de sus derechos estarían avalando, apoyando y/o hasta cierto punto aprobando, convirtiéndose en cómplices de tal injusticia. Se esta hablando de trabajadores que cumplen con sus obligaciones laborales, muy distinto para aquellos que no cumplen porque el despido estaría mas que justificado y ajustado a derecho.
El pueblo y familiares sienten que los trabajadores han sido abandonados – familiares y compañeros de trabajo esperan estar equivocados – primero, por los directivos del sindicato; segundo, por los organismos competentes, llámense, Inspectoría del Trabajo, Defensoría del Pueblo; tercero, por el PSUV tanto municipal como regional, cuyos jefes políticos son respectivamente, la exalcaldesa Janet Araujo y el gobernador Gerardo Márquez, ya que todo indica son militantes de dicha organización política. Solo han contado con los medios de comunicación.
Actores políticos oficialistas y oposición
Pero el hecho que los antes nombrados no lo hayan hecho, no es excusa para que el resto de los actores políticos de oposición, independientes y de las otras organizaciones que integran el Gran Polo Patriótico (GPP) – con el respeto que se merecen como personas – se crucen de brazos y no levanten su voz de protesta ante aberrante injusticia.
Por ejemplo, que dicen al respecto; cuál es su posición o es que acaso van a permitir que se cometa tal injusticia. Como el diputado a la AN, el motatanense Candelario Briceño: los diputados de este circuito, Laidely Griman y Francisco García; los legisladores del parlamento trujillano, de las distintas fracciones, especialmente Emilio Fajardo y Joaquín Aguilar: los concejales, fundamentalmente, de la fracción del PSUV, Wilmer Flores y Yaneida Marin.
Igualmente los actores políticos del municipio, de todas las ideologías y colores ¿donde están? que no se ven desde las pasadas elecciones – salvo algunas excepciones – específicamente quienes aspiraron a cargos de representación popular en las pasadas elecciones, como Janet Araujo, Erson Ramírez, Gerardo Olmos, Gerardo Simancas, entre otros. También a nivel regional, particularmente, los excandidatos a la gobernación, Carlos Andrés González, José Hernández (JH), Conrado Pérez Linares, Julio Moreno, entre otros dirigentes.
Causa común y defensa
Por ultimo, el pueblo esta llamado a solidarizarse, hacer causa común y defender ante esta o cualquier injusticia, atropello o humillación venga de donde venga en contra de un motatanense a actuar en consecuencia, rechazándolo y condenándolo con mucha fuerza para que rectifiquen, en primer lugar, porque a la final esto va en contra del desarrollo, progreso y bienestar social del municipio Motatán.
Se trata de un atentado no solo a la dignidad y los derechos contra el trabajador sino también contra el bienestar de la familia, que no se le puede permitir a ningún organismo publico sea nacional, regional o municipal, que merece el repudio de toda la población, en el caso, de la Alcaldía de Motatán, en vez de generar fuentes de trabajo y estabilidad laboral, esta generando más desempleo en el municipio.
Preocupa sobremanera, que insistan en seguir tomando medidas sin importar el daño que vienen ocasionando, que iniciaron con la eliminación del servicio funerario a los sobrevivientes, de lo cual desistieron a ultima hora a Dios gracias y a la opinión publica; o el despido de trabajadores en su mayoría de la tercera edad viéndose obligados a reincorporarlos por presión de sus familiares y afines políticos.
Llamado a la reflexión
El llamado es a la reflexión de las nuevas autoridades, y sus asesores internos y externos no tiene sentido que continúen con esta condenable política que carente de sensibilidad humana y social “que hace con darle trabajo a una persona quitándoselo a otra. Que gracia tiene. Eso es como quitarle el pan a uno para dárselo a otro. Le das de comer a uno y al otro a pasar hambre. Esa no es la manera de resolver los compromisos de trabajo adquiridos, porque no es culpa de los trabajadores que no lo puedan cumplir en lo inmediato.
Para el momento de redactar esta información el burgomaestre – ni ningún otro funcionario – ha respondido a las denuncias que son públicas sobre el particular, solo ha atendido un reclamo en su domicilio al cual respondió pretendiendo evadir la responsabilidad “yo no puedo hacer nada, eso esta en manos de la abogada”.
Lo cual es de suma gravedad porque con esta respuesta reconoce ”de facto” estar delegando atribuciones que le confiere la Ley del Poder Publico Municipal en materia de administración de personal, otorgando para la aplicación y ejecución de esta medida como dicen en el argot jurídico “poderes plenipotenciarios” a la profesional del derecho en cuestión.
Ultima hora
A última hora conversamos con el coordinador sindical del PSUV, abogado Juan Mendoza, sobre el particular expresó que ha asistido profesionalmente a algunos trabajadores de la primera acción de despido y que sobre este caso tiene conocimiento el Buró Político Municipal, información que fue ratificada por otro miembro quien adicionó que para atender esa denuncia fue designada una comisión política “ya que se trata de camaradas trabajadores chavistas y militantes de nuestra organización política”.