Caracas, 1 oct (EFE).- El opositor venezolano Andrés Velásquez afirmó este martes que el «robo de las elecciones» presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Nicolás Maduro, mientras el antichavismo mayoritario denuncia «fraude», tendrá un «enorme costo social».
«El robo de las elecciones no solo golpea la Constitución y niega el voto soberano, también tendrá un enorme costo social ya que el deterioro económico y de servicios públicos aumentará«, señaló el exgobernador en un mensaje publicado en X.
Velásquez sostuvo que Maduro es «antidemocrático y peor gobernante», por lo que -dijo- «el pueblo votó para salir de este sufrimiento».
El pasado 28 de septiembre, el mandatario venezolano aseguró que se juramentará para el periodo 2025-2031 el próximo 10 de enero, como establece la Constitución, pese a la denuncia de «fraude electoral» del antichavismo mayoritario, agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y las exigencias de la comunidad internacional de que se publiquen los resultados desagregados.
«El 10 de enero se va a juramentar el presidente pueblo Nicolás Maduro Moros con el pueblo en la calle, por millones, como manda la Constitución», señaló el mandatario tras una manifestación que celebró su controvertida reelección en el estado La Guaira (norte).
Asimismo, desestimó que el abanderado de la PUD, Edmundo González Urrutia, se juramente como presidente, como asegura el antichavismo, aunque la oposición insiste en que ganó los comicios por un amplio margen.
El CNE proclamó a Maduro como el ganador de los comicios presidenciales, pese a que, hasta la fecha, no ha publicado los resultados desagregados, como contempla el cronograma oficial.
El oficialismo se apoya también en un fallo del Supremo -presidido por la chavista Caryslia Rodríguez- que convalidó el anuncio del CNE, mientras que la oposición sustenta su reclamo en el «83,5 % de las actas» recabadas por testigos y miembros de mesa, que reflejan -insiste- el triunfo de González Urrutia, exiliado en España desde el 8 de septiembre.
No obstante, el Ejecutivo asegura que esas actas, que la oposición publicó en una página web, son «falsas».
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