Eduardo Viloria / DLA.- A seis meses de la salida de Nicolás Maduro del poder y su posterior traslado a los Estados Unidos, el panorama político y social de Venezuela sigue distante de una verdadera normalidad democrática. Así lo sostuvo el exconcejal del municipio La Ceiba, Andrés Medina, en declaraciones remitidas a esta redacción, donde manifiesta su preocupación por el rumbo que ha tomado la nación bajo la actual administración interina.
A juicio de Medina, el país no ha logrado consolidar la tan esperada transición. Por el contrario, afirma que bajo la gestión de Delcy Rodríguez se experimenta una «hibridación prolongada» o un «autoritarismo adaptativo». En este escenario, la flexibilización económica y la apertura al capital extranjero parecen haber sustituido temporalmente la exigencia de reformas políticas de fondo.
El declarante señaló que, en lugar de avanzar firmemente hacia un cronograma electoral inmediato, el gobierno interino ha concentrado sus esfuerzos en reformas de los sectores de hidrocarburos, minería y electricidad, así como en la estabilización macroeconómica. Para Medina, esta estrategia genera serias tensiones y deja en la mayoría de los venezolanos la impresión de que el objetivo real del interinato es ganar tiempo para prolongar su permanencia en el poder, evadiendo el problema político de raíz.
Crisis de servicios y dolarización golpean al estado Trujillo
Al analizar el impacto de esta realidad en nuestra entidad federal, el dirigente político de La Ceiba enfatizó que la transición ha estado dominada por la continuidad del colapso en los servicios públicos, la devaluación de la moneda y una dolarización que golpea con dureza el bolsillo de la población general.
Sostuvo que el dólar se ha vuelto incontrolable y que el enfoque de las autoridades interinas —lejos de solventar la crisis mediante la atracción de inversión extranjera genuina o la modernización de instrumentos como la Ley de Minas— solo busca poner paños calientes al colapso generalizado. Como consecuencia, los índices de pobreza y los problemas de seguridad alimentaria se mantienen como los principales focos de descontento social en las comunidades.
La paradoja de la agenda: Simulación vs. Elecciones Justas
Para el exconcejal, resulta profundamente paradójico que mientras el país clama por una solución definitiva a la crisis y por la realización de elecciones justas, el tema electoral haya sido relegado a un segundo plano.
«Se pretende simular una normalidad institucional mediante consultas menores que solo causan preocupación y descontento, careciendo por completo de un camino político verificable o de una fecha cierta», advirtió Medina.
Asimismo, reiteró que lo imperativo para resolver la crisis presidencial de origen es devolverle al voto sus condiciones de mecanismo primario, restaurando de esta manera los límites explícitos al ejercicio del poder durante este período de transición.
El mandato de la Constitución se encuentra desbordado
Haciendo uso del marco jurídico, Medina recordó que la Constitución de la República establece taxativamente que, ante la falta absoluta del Presidente de la República durante los primeros cuatro años de su período constitucional, se debe convocar a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes.
Denunció que estos lapsos legales se encuentran totalmente desbordados debido a «interpretaciones excepcionales» emanadas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En tal sentido, alertó que la prolongación indefinida en el cargo por parte de una autoridad que no fue electa por el pueblo vulnera de manera flagrante el principio democrático y la legitimidad de origen del Poder Ejecutivo Nacional.
Bloqueo electoral y secuestro de tarjetas
Finalmente, el exedil de La Ceiba denunció el impacto que este conflicto político tiene sobre el sistema de justicia y el aparato electoral. Aseguró que existe un «bloqueo electoral» orquestado desde las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según Medina, desde el ente comicial se ha paralizado la legalización de nuevas organizaciones políticas, se mantiene el secuestro de tarjetas de partidos según la conveniencia del régimen y se frena la actualización profunda del Registro Electoral. Concluyó afirmando que estas medidas forman parte de una estrategia dilatoria preconcebida para evitar, a toda costa, la realización de comicios electorales en el corto plazo.