Durante el debate signado por diferencias internas, el parlamento llamó a luchar por un cambio de gobierno a través de elecciones
La Asamblea Nacional (AN) rechazó este martes las medidas económicas dictadas por el Gobierno el pasado viernes por considerarlas “destructivas del poder adquisitivo” y calificó de “ilegítimo” al presidente Nicolás Maduro.
El parlamento también hizo un llamado a los venezolanos a “seguir la lucha por un cambio político institucional, el cual es la única solución a la crisis” que hoy padece la nación.
El pronunciamiento de la AN se produjo durante una sesión extraordinaria que aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo que rechaza por “impopular y hambreador” el paquete económico anunciado por el jefe de Estado.
El debate fue iniciado por el diputado de Primero Justicia (PJ), José Guerra, quien calificó las nuevas acciones del Ejecutivo Nacional como “la mayor devaluación de un moneda que jamás se haya visto en América Latina”.
Precisó que la depreciación de la unidad monetaria venezolana con respecto al dólar es de 1300%, puesto que con la última subasta del Dicom, la divisa norteamericana se cotizaba en 240 mil bolívares y con los anuncios subió a 6 millones de bolívares.
“Una maxi devaluación que supera las adoptadas en febrero de 1989 por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, para entonces en 140% y la del gobierno de Rafael Caldera en abril de 1996 en 200%”, dijo Guerra.
Stalin González, del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), otro de los cinco diputados que intervinieron en el debate, preguntó por el precio de la gasolina y de dónde saldrán las divisas norteamericanas que ofrecerán las casas de cambio.
El parlamentario defendió las facultades contraloras de la AN y reclamó del Ejecutivo Nacional presentar “el paquetazo” ante el órgano legislativo, al tiempo que instó a sus colegas a mantener la unidad de la oposición para lograr un cambio político y económico del país.
Discrepancias entre opositores
Intervino en el escenario el diputado Omar González, en representación de la fracción “16 de julio”, grupo que lidera en el exilio el exalcalde Metropolitano Antonio Ledezma y la dirigente política María Corina Machado, quienes discrepan de la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Su posición estuvo centrada en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que el pasado 15 de agosto condenó al presidente Maduro a 18 años de cárcel por corrupción y legitimación de capitales en el caso de Odebrecht.
González fue calificado por sus colegas opositores “fuera de orden” por considerar que el tema estaba acordado para ser debatido como segundo punto en el orden de la sesión extraordinaria.
En el salón de sesiones se enfrentaron a gritos diputados de PJ con los de la fracción 16 de julio, en tanto que el presidente de la AN, Omar Barboza, instaba a los asistentes evitar la discusión.
Intervino luego, en el derecho de palabra, el secretario general de Voluntad Popular (VP), Juan Andrés Mejía, quien llamó a la “unidad como el principal objetivo político de la oposición para lograr un cambio de gobierno”.
El debate sobre las medidas económicas fue cerrado por el secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, para quien la crisis del país debe ser resuelta por los venezolanos a través del voto como la vía para lograr un cambio político e institucional.
El dirigente político expresó su rechazo a un golpe militar y comentó que las subversiones militares, en las que señaló aparecen varios detenidos “fueron montadas por el gobierno”, pero que no tienen ninguna conexión con la sociedad civil.
La intervención de Ramos coincidió con el llamado de la AN al pueblo venezolano, “a seguir la lucha por el cambio político institucional, el cual es la única solución a la crisis que hoy padece nuestra Nación”.
ASAMBLEA DESCONOCE AL GOBIERNO
Durante la sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional (AN) ratificó el acuerdo aprobado en enero del año pasado que declara el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro y expresó su respaldo a la sentencia dictada el pasado 15 por el TSJ en el exilio la cual condena a 18 años de prisión al jefe del Estado por corrupción y legitimación de capitales en el caso de la empresa brasileña Odebretch.
Tras el pronunciamiento el Parlamento emplazó a los órganos de seguridad del Estado a cumplir con el mandato del Poder Legislativo que resolvió, además, “ante el vacío de poder” iniciar las consultas con todos los sectores de la sociedad venezolana para “promover un proceso de restablecimiento” de conformidad con la Constitución.
“El orden constitucional y democrático se encuentran roto en Venezuela”, y por lo tanto, el Gobierno de Maduro no puede ser considerado democrático “sino un régimen autoritario que ha pretendido derogar de facto de la Constitución”.