Quito, 26 abr (EFE).- Aministía Internacional (AI) pidió al Estado ecuatoriano que garantice a los presos de al menos cinco cárceles en el país el acceso a alimentación y medicamentos, después que varias organizaciones y colectivos hayan denunciado la suspensión del servicio de alimentación por no haber sido contratado oportunamente.
En una carta difundida este viernes y dirigida a Luis Zaldumbide, director de Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, AI solicitó que se «garanticen los derechos de las personas detenidas y que restablezca de inmediato el acceso a alimentación y medicación».
La organización internacional aseveró que «las personas recluidas en al menos cinco de las principales cárceles de Ecuador corren peligro inminente de pasar hambre y problemas de salud debido a que las autoridades penitenciarias han suspendido la provisión de comida y medicamentos desde el 24 de abril».
Las cárceles mencionadas están en las provincias costeras de Esmeraldas, Manabí y Guayas, cuya capital es Guayaquil, así como en la andina Cotopaxi.
«Mientras, las familias de las personas recluidas han tenido que comprarles comida y medicamentos, y las autoridades penitenciarias no han ofrecido información clara sobre si es una medida temporal», indicó Aministía Internacional en su misiva.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) señaló que el SNA «no realizó oportunamente el proceso de contratación pública, ni los desembolsos correspondientes para que tengan alimentación en los CRS (centros de reclusión social)».
El Comité de Familiares de personas presas en la cárcel de Latacunga, de la provincia de Cotopaxi, realizó el martes un plantón ante las oficinas del SNAI para denunciar «la falta de acceso a alimentación a sus parientes detenidos».
«Nuestra gente tiene hambre. Tenemos a nuestros familiares en la cárcel de Cotopaxi. Comen una vez al día, están ‘hambreados'», indicaron en un comunicado difundido en redes sociales el lunes para pedir donaciones de comida.
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Hasta el momento el SNAI no se ha pronunciado sobre esta suspensión del servicio de alimentación denunciada por las organizaciones de familiares de presos y colectivos de defensa de los derechos humanos.
«(Este viernes) supuestamente se iba a permitir el ingreso de medicinas. Muchos familiares madrugaron para hacer fila en la Penitenciaria del Litoral (Guayaquil). Al final, no les dejaron ingresar los medicamentos», añadió el Comité de Familiares de Presos.
Este colectivo incidió además en que «las torturas continúan en los Centros de Privación de Libertad», tras haber ya advertido presuntas violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, que en enero tomaron control de las principales cárceles de Ecuador y que, hasta ahora, han rechazado esas denuncias al aseverar que respetan los derechos de la población penitenciaria.
La militarización de las cárceles ecuatorianas se produjo en el marco del estado de excepción y «conflicto armado interno» declarado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, contra las bandas del crimen organizado, cuyas estructuras tenían el control interno de las prisiones.
En los últimos años, los centros carcelarios se situaron como el epicentro de la crisis de violencia criminal que sufre Ecuador y que ha hecho que el país se sitúe entre los primeros con más homicidios de Latinoamérica, con unos 45 por cada 100.000 habitantes en 2023.
Desde 2020 han sido asesinados en las cárceles de Ecuador más de 500 presos, la mayoría en una serie de masacres carcelarias entre bandas rivales en las que murieron algunos de los principales líderes del crimen organizado en el país, como fue el caso a finales de 2022 del presunto narcotraficante y lavador de dinero Leandro ‘El Patrón’ Norero.
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