Caracas. La organización Amnistía Internacional publicó este jueves, 28 de noviembre, un informe en el que denuncia la tortura contra adolescentes detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio y exige al gobierno de Nicolás Maduro la liberación “inmediata” de los al menos 69 menores de edad que “permanecen detenidos de manera arbitraria y enfrentando cargos criminales infundados”.
En el escrito, la organización señaló que pudo corroborar la “aparente tortura de cinco niños y una niña entre el 29 y el 31 de julio”.
Se trata de hechos, puntualizó la ONG, “que dan cuenta de los patrones de violación sistemática de los derechos a la integridad y la libertad personal, a las garantías procesales y a un juicio justo, y a la especial protección de la infancia”.
“Sentía que estaba muerto”
Amnistía explicó que entrevistó a organizaciones de derechos humanos y a familiares de los adolescentes aprehendidos y que “debido a la solicitud de algunas familias de no publicar detalles de las entrevistas por temor a represalias de las autoridades, únicamente se mencionan como ejemplo tres de los seis casos”.
Explicó que todos los casos registrados fueron detenciones arbitrarias y que los menores de edad estuvieron desaparecidos por varios días, sin que su familia tuviera información de su paradero.
“En las horas y días siguientes a su detención y hasta su presentación, al menos cinco de ellos habrían sido sometidos a tortura a través de golpizas con puñetazos y patadas, choques eléctricos, asfixia y amenazas de muerte o sexuales, con la intención de forzarles una confesión”, sentenció el informe.
Uno de los casos registrados por la organización es el del un adolescente de 16 años de edad, quien contó a su madre que fue golpeado con un bate de béisbol en la espalda y torso y asfixiado con una bolsa en la cabeza.
La mujer explicó que su hijo fue sometido a descargas eléctricas que lo hicieron perder el conocimiento al menos dos veces y que cuando ella logró verlo, tras la detención, tenía dos días sin comer o beber agua y eran visibles hematomas en la cara, así como ampollas en el pecho.
“Me contó llorando que lo habían torturado. Lloraba y lloraba. Yo lo abrazaba, pero por donde le tocaba para abrazarle, le dolía (…). Mi hijo me dijo que después de toda la electricidad sentía que estaba muerto”, contó la madre del infante a AI.
En su testimonio, esta madre contó que quienes lo maltrataron lo hicieron “con la intención de que grabara un video donde decía que le habían pagado para atacar instalaciones del Estado”, a lo que el niño accedió luego de que lo ubicaron, junto con otros, en fila en el suelo para militares les dieran patadas.
“Según lo que el niño E.F. de 17 años le contó a su familiar, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le pusieron una capucha en la cabeza con gas pimienta para asfixiarlo en reiteradas ocasiones. Asimismo, le jalaron de forma violenta del cabello, le tiraron al suelo y le dieron numerosas patadas en torso, piernas y cabeza, y le dieron choques eléctricos a través de la mano”, relató otro testimonio recabado por Amnistía Internacional.
Delitos graves
Amnistía puntualizó que por primera vez registró la imputación a adolescentes por cargos de terrotismo, si bien en años anteriores documentaron detenciones de menores de edad por motivos políticos.
“Si bien Amnistía Internacional ha documentado casos de niños detenidos arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela en años anteriores, 26 la masividad de las detenciones actuales es inédita, llegando a 198 niños y niñas detenidos a principios de septiembre”, dijo.
Además, destacó que algunos de los detenidos menores de 18 años viven con alguna discapacidad o una condición neurodivergente.
“Se les acusó de terrorismo y otros delitos graves sin presentar pruebas de ello, y en ningún caso el o la juez a cargo habría hecho preguntas ni dado vista al Ministerio Público al escuchar las alegaciones de tortura relatadas por los menores”, indicó la ONG.
Otra irregularidad registrada por la organización fue la ejecución de “procesos judiciales injustos” y uso indebido del derecho penal, pues las audiencias de los menores de edad “fueron sumarias, colectivas y en numerosos casos se dieron fuera de plazo”.
“En todos los casos documentados, en las audiencias preliminares, la jueza a cargo habría incitado a que se declararan culpables para rebajar sus penas de 10 años de prisión, a seis años y ocho meses, y sin posibilidad de libertad condicional u otra medida cautelar. Ninguno de ellos aceptó su culpabilidad”, detalló.
Llamado a la CPI
Aminstía Internacional aseguró que tiene conocimiento del intento de suicidio de al menos dos de los casi 200 adolescentes detenidos, entre julio y noviembre, así como del padecimiento de parálisis facial y colapsos nerviosos, depresión, ataques de pánico o autoaislamiento de varios de ellos.
En los seis casos de los que la ONG reporta tener “conocimiento directo”, las familiares mostraron su angustia por el estado de depresión de los menores de edad, producto de su encierro, condiciones carcelarias y torturas a las que fueron sometidos.
Tras los hechos revelados en el informe, la ONG hace varias exigencias, no solo al Estado venezolano, sino a la comunidad internacional y la fiscalía de la Corte Penal Internacional a la que solicita incluir estos registros en la investigación en curso en ese despacho contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
A continuación las solicitudes de la ONG:
Al gobierno de Maduro:
Que pongan en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los niños y niñas detenidas arbitrariamente hasta el momento tras las elecciones del 28 de julio de 2024.
Que se abstengan de torturar y someter a niños y niñas privadas de la libertad a tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de someterlos a procesos penales infundados e injustos.
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Que se abstengan de cometer actos de retaliación contra familiares, abogados, defensores de derechos humanos y periodistas que denuncian la crítica situación de personas injustamente encarceladas.
Que cesen de inmediato la persecución y política de represión contra quienes consideran personas críticas al gobierno, incluida la comisión de detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y acciones estigmatizantes contra la sociedad civil.
A la comunidad internacional
Que dispongan todas las medidas y cauces diplomáticos disponibles para lograr la liberación de todos los niños y niñas privadas de la libertad de forma arbitraria, así como para garantizar su derecho a la integridad personal mientras se encuentren privados de la libertad.
Que respalden de forma pública y privada los mecanismos internacionales de monitoreo e investigación sobre Venezuela, y contribuyan económicamente para que realicen su trabajo de manera independiente y eficaz.
Que se siga ejercitando la jurisdicción universal en aras a investigar los crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela y, de existir pruebas admisibles suficientes, se juzgue con imparcialidad a los presuntos responsables, imponiéndoles en su caso penas proporcionales a la gravedad de los hechos.
Por: Génesis Carrero / Crónica Uno
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