David Uzcátegui
Venezuela atraviesa un momento que puede marcar un antes y un después en su historia política reciente. La segunda discusión en la Asamblea Nacional del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática abre una puerta concreta hacia la reconciliación, el entendimiento y la paz.
Tras su aprobación en primera instancia por unanimidad, el texto pasa ahora por un proceso de consulta pública que representa, en sí mismo, un gesto de apertura y escucha.
La ley, compuesta por 13 artículos, parte de una premisa clara: es deber del Poder Legislativo dictar medidas que sirvan para reparar lo que se ha llamado las “heridas profundas” que ha dejado la prolongada y extenuante confrontación política en la sociedad venezolana.
No es una frase menor. Reconocer que existen heridas es el primer paso para el diálogo nacional. Y hacerlo desde la institucionalidad democrática, con un marco jurídico definido, es una señal de madurez política.
El proyecto plantea una amnistía general para personas procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos cometidos entre el 1o de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026. Incluye distintos episodios de alta tensión en la vida nacional. Es, en esencia, una mirada amplia sobre casi tres décadas de conflictividad.
La intención declarada es clara: “permitir la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad, siempre con respeto a la ley y a la justicia”. Se trata de un mensaje alrededor del cual podemos construir, en un país que ha vivido intensos desacuerdos.
La amnistía no se presenta como olvido, sino como una apuesta por el futuro. Y es que, más allá de posturas políticas, lo esencial está sobre la mesa: nadie debería acostumbrarse a la privación de libertad como respuesta permanente al conflicto político.
Además, la normativa establece que se extinguirán acciones penales, administrativas y civiles relacionadas con los hechos amnistiados. También contempla la eliminación de registros y antecedentes, lo que permitiría a muchos venezolanos reconstruir sus vidas sin el peso de procesos judiciales abiertos. Esto es fundamental: la reconciliación no es solo liberar, sino también reintegrar plenamente.
Es igualmente importante destacar que la ley excluye delitos graves como violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, narcotráfico con penas superiores a nueve años y delitos contra el patrimonio público. Esa delimitación busca preservar el principio de justicia y el respeto a la Constitución, especialmente al artículo 29, que impide la amnistía en casos de graves violaciones a derechos humanos. La paz duradera solo es posible cuando se equilibra clemencia con responsabilidad.
Otro aspecto esperanzador es la participación de organizaciones de la sociedad civil en la consulta pública. Foro Penal, Provea, Acceso a la Justicia y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, entre otros, han presentado observaciones técnicas y propuestas.
Según han señalado, muchas de sus consideraciones fueron bien recibidas. Ese intercambio demuestra que la construcción de convivencia se está adelantando con un criterio realmente amplio.
Las recomendaciones planteadas por estas organizaciones también pueden enriquecer el proceso: precisar conceptos como “delitos políticos o conexos” para evitar ambigüedades; garantizar que la supervisión no recaiga exclusivamente en un solo poder del Estado; asegurar que la amnistía no obstaculice el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación. Lejos de debilitar la ley, estas sugerencias pueden fortalecerla, dotándola de mayor legitimidad y claridad.
En las últimas semanas ya se han producido más de 400 excarcelaciones, según recuentos independientes. Si la promesa de que todos los detenidos beneficiados recuperarán su libertad en los próximos días se concreta, el país enviará un mensaje poderoso: que es posible pasar la página sin arrancarla del libro de la memoria.
La amnistía debe asumirse como un ejercicio colectivo de grandeza. Ponerse en el lugar del otro —del que protestó-, del que gobernó, del que se sintió agraviado, del que temió por la estabilidad del país— exige empatía y humildad. Cada venezolano tiene su propia narrativa del conflicto; la convivencia democrática implica reconocer que todas merecen ser escuchadas.
El desafío está en encontrar ese punto de equilibrio donde el país pueda reencontrarse sin negar el dolor vivido. La ley de amnistía, bien aplicada y acompañada de un espíritu genuino de reconciliación, puede convertirse en el inicio de una nueva etapa.
Venezuela necesita que las diferencias se manejen con palabras y votos, no con cárcel ni confrontaciones. Que la política vuelva a ser un espacio de propuestas y no de enemistades.
Quizás ha llegado el momento de dar ese paso.