Desde horas del mediodía de este jueves 11 de julio funcionarios la División de Investigaciones Penales (DIP) y de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron la residencia en donde se hospedó la dirigente opositora María Corina Machado, durante su visita al Táchira el pasado 27 y 28 de junio.
La denuncia la realizó el defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, quien había alertado que el pasado 4 de julio esa residencia, ubicada en la localidad de Palmira, municipio Guásimos, había sido asaltada por hombres encapuchados y armados.
Márquez publicó en su cuenta de twitter dos videos en los que se observa a los funcionarios ingresando tanto a la vivienda como al espacio en donde se encuentran los galpones de la familia que alojó a Machado.
“La persona que denunció los hechos de que asaltaron ocho hombres armados su residencia a donde llegó María Corina, ahora le allanan de manera aparatosa por parte de organismos de seguridad del Estado no solamente su parque industrial, sino la casa a donde llegó María Corina Machado. Este es un hecho que no es casual, al otro día de haber llegado Maduro, que está comprometido con el fiscal Karim Khan a respetar el proceso electoral, ahora como respuesta a su estrepitoso fracaso el día de ayer, sigue persiguiendo a los miembros de las fuerzas democrática”, expresó.
Responsabilizó a Nicolás Maduro y al gobernador del Táchira, Freddy Bernal, de lo que considera una persecución, y exigió que se garanticen los derechos consagrados en la Constitución de la República y en tratados internacionales.
El defensor de derechos humanos indicó que el allanamiento ocurrió con un despliegue inusitado de camionetas y funcionarios, quienes impidieron la movilización de los habitantes de la zona con acordonamientos y alcabalas.
Walter Márquez solicitó públicamente al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que active medidas preventivas para garantizar los derechos políticos de los venezolanos, y que cese el crimen de lesa humanidad consagrado en el artículo 7 del Estatuto de Roma, numeral 1, literal H.