Redacción América, 26 mar (EFE).- Brasil y Colombia, aliados del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se sumaron a la ola de rechazo de EE.UU., la UE y otros países sobre el desarrollo del proceso electoral venezolano y señalaron que la celebración de las elecciones del 28 de julio son la oportunidad para que se «fortalezca» la democracia en ese país, como se pactó en Barbados.
Las reacciones de la comunidad internacional se dan un día después de que en Venezuela concluyera el período de inscripción de candidatos a las presidenciales del 28 de julio, en la que la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció impedimentos para postular a su aspirante, Corina Yoris, elegida ante la imposibilidad de María Corina Machado de competir por estar inhabilitada.
Finalmente, la PUD informó de la inscripción, de manera provisional, de Edmundo González Urrutia, quien podrá ser sustituido a partir del próximo 1 de abril, siempre que no cuente con ninguna sanción administrativa o impedimento que contemple la ley, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) admita la candidatura que lo suple.
El Gobierno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, frente a quien Maduro se comprometió a convocar elecciones, fue uno de los primeros en manifestar su «preocupación» y señaló que el desarrollo electoral «no es compatible» con los compromisos del acuerdo de Barbados, firmado en octubre pasado.
«Sobre la base de las informaciones disponibles se observa que la candidata indicada por la Plataforma Unitaria, fuerza política de oposición, y sobre la cual no pesaban decisiones judiciales, fue impedida de registrarse, lo cual no es compatible con los acuerdos de Barbados», señaló la Cancillería brasileña en un comunicado.
Asimismo, reiteró que «Brasil está listo» para «cooperar» junto a la comunidad internacional para que las elecciones «constituyan un paso firme para que la vida política se normalice y la democracia se fortalezca» en Venezuela.
El Gobierno de Colombia expresó su «preocupación» sobre la inscripción de «algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición como la PUD y el Movimiento Vente Venezuela, entre otros».
Para Colombia, estas decisiones pueden «afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales».
Casi de manera inmediata, el Gobierno de Venezuela rechazó las declaraciones de sus pares de Brasil y Colombia y dijo que respondían a indicaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos.
«Emitir juicios falsos, aún cuando el canciller (de Colombia) Luis Gilberto Murillo contaba con información veraz de primera mano, no solo es un acto de mala fe, sino que busca minar el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales, que ha sido promovido por nuestros presidentes», dijo el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil.
Y agregó que las declaraciones del Gobierno de Gustavo Petro son para «complacer los designios del Departamento de Estado de Estados Unidos».
En una nota posterior, la Cancillería venezolana repudió «el gris e injerencista comunicado redactado por funcionarios de la Cancillería brasileña que pareciera haber sido dictado desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se emiten comentarios cargados de profundo desconocimiento e ignorancia sobre la realidad política en Venezuela».
Precisamente, Estados Unidos exigió este martes al Gobierno de Maduro que respete el derecho de todos los candidatos a postularse a las elecciones y expresó su preocupación por la decisión del Consejo Nacional Electoral de impedir el registro de la opositora Corina Yoris.
«Estamos trabajando con otros miembros de la comunidad internacional para garantizar que los venezolanos puedan participar en elecciones inclusivas y competitivas e instamos a los representantes de Maduro a permitir que todos los candidatos se postulen», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
Estados Unidos levantó las sanciones a Venezuela el año pasado, después de los acuerdos de Barbados, para dar al Gobierno de Maduro incentivos para que celebre elecciones libres. Sin embargo, condicionó esa suspensión a avances en el proceso electoral.
A finales de enero, volvió a imponer sanciones al sector del oro venezolano y advirtió que si la situación no cambiaba dejará que el 18 de abril expiren las licencias para el petróleo y el gas que se habían otorgado en Venezuela.
La Unión Europea también expresó su «profunda preocupación» por «el proceso irregular» que está impidiendo a la oposición presentarse a las elecciones y urgió a las autoridades venezolanas a que protejan los derechos civiles y políticos de los venezolanos.
A lo que el Gobierno de Venezuela respondió con la advertencia de que tomará «decisiones importantes» respecto a su relación con la Unión Europea, bloque que con el «seguidismo a la política exterior de Washington, se hunde nuevamente en el fango del intervencionismo»
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, alertó que «el bloqueo constante a la candidatura unitaria de la oposición ante el acoso y la persecución del oficialismo consolida un sistema antidemocrático».
Mientras que el canciller de Uruguay, Omar Paganini, fue más allá al asegurar que Venezuela se está consolidando como «una dictadura» y que el proceso electoral «se ha desvirtuado por completo».
Precisamente, Uruguay y Guatemala junto a Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú expresaron en la víspera su «grave preocupación» ante los «persistentes impedimentos» para el registro de los aspirantes presidenciales opositores en Venezuela.
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