Walter Márquez, diputado jubilado de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente de la fundación de derechos humanos El Amparo Internacional, denunció este martes un grave riesgo financiero que pone en peligro un fideicomiso de 39 millones de dólares perteneciente a parlamentarios activos y jubilados del país.
En un comunicado emitido desde San Cristóbal, Márquez alertó que estos fondos, compuestos mayoritariamente por bonos de la República y de PDVSA, podrían perderse debido a la quiebra de la entidad financiera en Zurich, Suiza, que los custodiaba.
Fondo en riesgo por quiebra de empresa en Suiza
Según Márquez, el problema se origina en el año 2019, cuando el fideicomiso fue entregado como garantía a la empresa Bancasa AG, con sede en Zúrich, Suiza, propiedad del luso-venezolano David Pita. El objetivo de esta operación era respaldar un préstamo de 3.6 millones de dólares destinado a cubrir un seguro de salud para los legisladores.
Sin embargo, investigaciones recientes confirman que Bancasa AG ha sido declarada en estado de quiebra y liquidación por el Tribunal del Cantón de Zúrich, quien determinó la insolvencia y la detección de operaciones irregulares por parte de esa firma.
«Esta situación afecta directamente el patrimonio de los parlamentarios, ya que el préstamo vence el próximo mes de febrero de 2026 y los activos que lo garantizan están en manos de una empresa insolvente», advirtió Márquez.
Vínculos con la Trama de Oro del caso Koldo en España
Walter Márquez, vocero de la Fundación El Amparo Internacional también vinculó este caso con una red trasnacional de presunta corrupción. Señaló que la empresa homónima en Venezuela, Bancasa SA, propiedad también de David Pita, aparece relacionada en operaciones de venta de oro que involucran a Víctor Aldama, un ciudadano español vinculado a investigaciones en el gobierno de Pedro Sánchez y encarcelado por fraude con la venta de mascarillas en España durante la pandemia del Covid-19.
Márquez detalló que estas operaciones irregulares de venta de oro, investigadas por la Guardia Civil española, implican el manejo de 104 lingotes de oro valorados en 68 millones de dólares a través del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonden).
Denuncia de «Exterminio» y Persecución
Más allá de la pérdida financiera, el diputado jubilado calificó la situación como una violación sistemática de los derechos humanos de los parlamentarios. Márquez denunció que desde el año pasado se les adeuda el «Bono Patria» y no se han cancelado los aguinaldos correspondientes a los parlamentarios jubilados, lo cual tiene un impacto social por la falta de estos pagos que afecta el acceso a alimentos y medicinas. Márquez afirmó que estos hechos podrían configurar los crímenes de persecución y exterminio, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos del Estatuto de Roma, debido a la privación deliberada de condiciones de vida de los legisladores jubilados.
Márquez hizo un llamado urgente a las autoridades de la Asamblea Nacional y al Instituto de Previsión Social del Parlamentario (IPSP) para que inicien una investigación exhaustiva sobre las operaciones de Bancasa AG y Bancasa SA, con el fin de salvaguardar el patrimonio que afecta el bienestar social de cientos de legisladores venezolanos.
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