A raíz del anterior artículo publicado en DLA, sobre el funcionamiento de las alcabalas en el país, el empresario autobusero Antonio Morales, del municipio Torres, estado Lara, se me acercó y me sugirió «debes dedicarle un trabajo a los transportistas, en este caso a los que nos dedicamos al traslado de pasajeros en Venezuela».
El empresario contó las vicisitudes que deben sortear a diario los que ejercen el oficio de transporte de pasajeros, dado que cada vez son mayores los obstáculos y remoras que deben salvar para seguir prestando este servicio a la comunidad nacional.
Morales, en representación de numerosos venezolanos que dependen de esta actividad económica, arguye que hoy como nunca la actual administración ha puesto demasiadas piedras en el camino, para llevar a la bancarrota al sector transportista.
Cita como uno de los principales factores que inciden en que los transportistas se encuentren atravesando dificultades para operar el servicio en la manera cómo la GNB y las policías estatales, utilizan estos procedimientos para lucrarse abierta y públicamente, sin freno alguno.
Morales puso de ejemplo que, entre Carora y la zona turística de Tucacas, existe no menos de quince alcabalas, en las que funcionarios de la GNB u otros órganos de seguridad pública, se ocupan de esquilmar a los autobuseros. De la forma más descarada y con evidente abuso de poder, estos uniformados conminan a los transportistas a que les entreguen sumas que oscilan entre los cinco hasta los diez dólares, sin el mayor rubor; las deleznables acciones las practican estos estos funcionarios bajo cualquier argumento o al final, se relajan, y admiten que lo recabado «es para los refrescos».
Lo relatado es indignante que ocurra en una nación que, supuestamente, aspira ser un polo de atracción turística; cómo vendemos un destino turístico con estas actuaciones indecorosas de una fuerza pública que, al ser creada, se le colocó como seña de identidad, «el honor es su divisa». Creemos que le hacen un daño irreparable e imborrable. Su prestigio está en la picota y sometido al escarnio público a diario en cada carretera venezolana.
Urge la asepsia y el saneamiento de esa fuerza pública, sobre la cual no pocos han exigido que sea suprimida en una próxima reforma legislativa del estado venezolano.
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Con el debido respeto, reflexionamos e invitamos a conversar a quienes legislan en Venezuela, a tratar el tema en la búsqueda de soluciones, a la luz de que los sectores afectados reciban una justa y oportuna satisfacción a sus reclamos, totalmente legítimos y ajustados a lo que establece el estado de derecho.
Es hora de rectificar, mejorar el funcionamiento del estado venezolano, a través de medidas consensuadas, en función del bienestar de todo el conglomerado. Venezuela lo exige.
