Tras casi tres meses de conflicto armado en Apure, Venezuela entre la guerrilla FARC-PE y las Fuerzas Armadas venezolanas la tragedia no finaliza y sigue cegando de dolor a familias venezolanas.
Se oían llantos, tristeza y miedo. Este lunes quienes pudieron llegar desde Apure a San Cristóbal lo hicieron en un camión 350 y se apostaron frente a la sede de los tribunales militares.
Se trata de la familia de los 28 civiles detenidos en la zona del conflicto apureño acusados de delitos militares como subversión armada, pero son campesinos, obreros, padres e hijos que solo trabajaban y fueron detenidos incluso mientras dormían en sus casas y nada sabían de qué se trataba su aprehensión. Ahora prisioneros, viven los peores días de sus vidas.
En un tribunal militar serán procesados, a pesar de ser civiles. Durante este lunes y martes es la audiencia de presentación, pero pasado medio día no había comenzado el proceso, porque de acuerdo a la abogada de la ONGs Fundaredes, Clara Ramírez, el juez del caso no había hecho presencia.
– ¿Explíquenos cómo detienen a estos ciudadanos participaban en alguna acción pública para el momento de la captura?
– “Para nada, recordemos que el 21 de marzo inició el conflicto armado en el estado Apure, allí miembros de las Fuerzas Armadas Venezolanas hicieron presencia, y señalan que estaban atacando campamentos de grupos irregulares, guerrilleros. Hemos visto como por más de 60 días se dieron enfrentamientos entre estos grupos y las Fuerzas Armadas Venezolanas. Sin embargo, al iniciar este conflicto y no haber detenido ningún guerrillero, ellos se dieron a la tarea de llegar finca por finca por finca, casa por casa, a sacar a estos ciudadanos inocentes, incluso muchos se encontraban durmiendo. Se llevaron algunos adolescentes”.
“Producto de los golpes perdió su bebé”
Revela Ramírez, que incluso mujeres fueron torturadas, “tenemos el caso de Mónica Triana, quien tenía dos meses de embarazo cuando fue detenida y producto de los golpes perdió a su bebé estando recluida en el Teatro de Operaciones de Guasdalito. Así como ella, se ha presentado casos de tortura”.
Clara Ramírez asegura que todos los detenidos han manifestado a los abogados de Fundaredes, ser víctimas de torturas.
“Uno de ellos es una persona con discapacidad, quien estuvo desde las seis de la mañana hasta las 7 de la noche, a pleno sol, en Apure (temperaturas de 40 grados centígrados) y nos señala, que los efectivos militares tomaban las láminas de zinc las calentaban y luego cuando los tenían con las camisas arriba, se las colocaban en sus espaldas. Los testigos de esto fueron sus madres, sus esposas y también sus hijos menores de edad, quienes también estuvieron allí con ellos”.
El llamado contundente que hace Ramírez, es al Estado venezolano, para que deje de violar flagrantemente –señala- los derechos humanos de estos trabajadores del estado Apure.
Civiles Juzgados como militares
El defensor público asignado al caso, el teniente García, salió y habló con los familiares que esperaban los resultados de la audiencia de presentación esta mañana en los tribunales militares de San Cristóbal. Informó que debían seguir esperando, a pesar de ser casi medio día, porque el juez no había llegado.
Entre los 28 prisioneros hay enfermos, un discapacitado y otro ciudadano -Edison Quintero- que padece de trastornos nerviosos, estuvo recluido en un centro de salud entre diciembre y enero, revela su madre Janeth Quintero. Su hijo tiene 23 años, dormía en su casa, cuando funcionarios militares ingresaron a la vivienda y se lo llevaron preso el 21 de marzo pasado.
La abogada Clara Ramírez coordinadora de la ONGs Fundaredes los acompaña y apoya legalmente. La especialista en derecho explica, que se trata de 28 detenciones arbitrarias ocurridas en el estado Apure, en las poblaciones de La Victoria, El Ripial, La Capilla, Tres Esquinas y Arenales.
Para la leguleya los ciudadanos son inocentes porque fueron detenidos arbitrariamente, “se les ha acusado de ser miembros de grupos armados irregulares, incluso la Fiscalía Militar les está imputando de delitos como ataque al centinela, rebelión y sustracción de objetos militares”.
Pero Ramírez rechaza la celebración de la audiencia militar, “intentan incriminar a estos venezolanos inocentes, padres de familia, hijos, ciudadanos ejemplares de las poblaciones fronterizas, quienes hoy lamentablemente están siendo presentados ante el Tribunal 14 de Control Penal Militar, aquí en el estado Táchira. Y nosotros desde Fundaredes exigimos libertad plena para ellos”.
Los detenidos están en dos grupos, sostiene, “unos fueron detenidos el 21 de marzo cuando inició el conflicto armado en Apure, y el otro grupo el 25 de marzo. Hoy 7 de junio el primer grupo está siendo presentado y mañana 8 de junio, el segundo grupo será presentado ante este mismo tribunal.
– ¿Por qué siendo civiles son juzgados en un tribunal militar?
– “Recordemos que una de las garantías constitucionales, incluso un derecho humano, es que uno sea juzgado por sus jueces naturales. Si yo soy un civil no tengo por qué estar siendo juzgado bajo la jurisdicción penal militar. Tampoco que se me estén imputando delitos que son propios de funcionarios militares. Evidentemente, es una violación más de estos ciudadanos. Hoy presentan 16 detenido en este tribunal, y mañana, a 12. Nosotros documentamos 31 detenidos y 3 fueron ya liberados”.