La ONG Foro Penal informó este viernes que alrededor de 400 presos políticos podrían quedar fuera de la Ley de Amnistía aprobada el jueves por la Asamblea Nacional, al limitarse esta medida a 13 coyunturas políticas específicas entre 1999 y 2026.
La organización precisó que, de estos 400, muchos están vinculados a operaciones militares, aunque también hay civiles. Algunos, indicó, fueron acusados de delitos que no cometieron, lo que los deja sin posibilidad de amnistía porque los arrestaron en momentos no contemplados por la norma.
En rueda de prensa, Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, señaló que la ley representa un avance, pero advirtió que la “esencia del problema de la represión se mantiene” y pidió la liberación de todos los presos políticos, que suman más de 600 según el conteo de la ONG.
Desde el 8 de enero, se han excarcelado 448 personas bajo el proceso de liberación iniciado por el régimen encargado.
Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, criticó la exclusión de 15 años completos del período 1999-2026 y la “selección arbitraria de meses específicos” en la ley, que cubre solo hechos ocurridos en 20 de 156 meses del total de los 27 años.
Los años incluidos son 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025.
Casi 3.000 beneficiados entre 2024 y 2025
Según Himiob, 2.742 personas se benefician de manera inmediata por haber sido detenidas entre 2024 y 2025; de ellas, 2.186 han sido excarceladas con medidas cautelares, 321 permanecen detenidas y 235 han salido en libertad plena o no fueron presentadas.
En este contexto, Foro Penal anunció que presentará ante la comisión de seguimiento del Parlamento un listado de 232 casos que considera vulneraciones graves de derechos humanos y violaciones al debido proceso. Entre ellos se incluyen 3 presos con discapacidades, 21 personas mayores de 70 años de edad, 127 detenidos desde hace 2 años sin presentación ante tribunales y 81 que llevan más de 3 años sin presentación.
Himiob destacó asimismo que, según la legislación venezolana, estas personas podrían quedar en libertad de inmediato.
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La ley de amnistía, promovida por el chavismo como un instrumento para sentar las bases de un “nuevo futuro político”, excluye de su aplicación delitos de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, corrupción y acciones militares contra el país.
Para la oposición, la ley resulta “insuficiente y sesgada”, mientras que la ONG Provea consideró que la norma no refleja “el espíritu de paz y reconciliación” que debería tener.
Romero y Himiob coincidieron en que, si bien la aprobación de la amnistía constituye un logro para los familiares de presos políticos, no reemplaza la necesidad de liberar a todas las personas encarceladas por motivos políticos y garantizar la protección de sus derechos.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió el jueves a la comisión de seguimiento y al programa de convivencia democrática que revisen los casos no contemplados en la ley para evaluar su eventual inclusión.
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