Por: @AlexGonzalezDigital CNP 25.770
“¡Vengan a mí que tengo flor!”, fueron las palabras aquel 4 de octubre del 2010, en su acostumbrado programa de los domingos del entonces presidente Hugo Chávez, quien anunciaba al país la expropiación de la Empresa Agrícola Agroisleña, decisión mediante la adquisición forzosa de los bienes muebles e inmuebles propiedad del grupo económico de origen español, para darle el destino de una empresa de “interés público” y adscrita al Ministerio de Agricultura y Tierras, la cual denominó como: Agropatria.
En 2020, al cumplirse 10 años de aquella expropiación, el agroproductor trujillano Alirio Rangel recordaba a Diario de Los Andes que el punto de cuenta para la decisión administrativa – de acuerdo a las competencias constitucionales que ejerce el Presidente de la República y de acuerdo a las facultades administrativas del consejo ministros – este tipo de decisión fue presentado por el sociólogo Elías Jaua quien ocupaba la Vicepresidencia Ejecutiva de la República y del sociólogo Juan Carlos Loyo, quien ocupaba la cartera del Ministerio de Agricultura y Tierras, entre los miembros que integraban el gabinete ministerial que suscribieron el decreto presidencial 7.700 publicado en gaceta oficial 39.523.
“Inmigrantes isleños, agricultores, provenientes de las islas canarias de España, se asientan en la década de los años cincuenta en el valle de Quibor, estado Lara, donde logran desarrollar los cultivos de ciclo corto como cebolla, pimentón, tomate, trasformando un espacio territorial agreste donde se desarrollaba solo la ganadería caprina y cultivo de caña de azúcar con una población en condiciones de pobreza dedicados a una agricultura atrasada y de subsistencia, el éxito productivo en la aplicación de las técnicas tradicionales isleñas en el manejo agronómico de las hortalizas en estas tierras del Tocuyo, Sanare, y Quibor lograron en corto tiempo en una región altamente productiva con altos rendimientos en sus cosechas, generando empleo y promoviendo centenares de canarios y a los oriundos nativos del valle de Quibor a establecerse en sus tierras como agricultores de hortalizas”, comentó Rangel.
El trabajador del campo sostiene que este fenómeno de las novedosas prácticas implementadas por los agricultores canarios se expande a inicios de los años sesenta a la región de Los Andes, ante la creciente demanda de semillas e insumos agrícolas para los cultivos de ciclo corto, explica que la familia de origen canario de Enrique Fraga toma la iniciativa de constituir una empresa de suministros agrícolas, fundándola en la población de Quibor, es la empresa Agroisleña, la cual cataloga como ejemplo de crecimiento durante sesenta años como empresa exitosa al servicio integral a la agricultura con capital nacional.
“Agroisleña permitió generar el empleo directo a centenares de profesionales universitarios de las áreas de la ingeniería agronómica, agrícola, veterinaria, biología, química, industrial, mecánica, economía, contabilidad todos provenientes de las universidades autónomas, más de tres mil obreros especializados que integraban el personal de las filiales como Sehiveca empresa para el manejo de semillas nacionales e importadas, Inica empresa para la formulación de agroquímicos y fertilizantes, Venezolana de Riego, empresa dedicada a la producción con materiales y tecnología venezolana de tanques de almacenamiento de agua, producción de tuberías, mangueras, e implementos para el riego”, arguementa Rangel.
Agrega que Agroisleña se extendió en más sesenta agencias distribuidas estratégicamente en las grandes regiones agrícolas, acortando las distancias para satisfacer las necesidades del agricultor en insumos como las semillas, agroquímicos, fertilizantes, implementos, mangueras, tuberías, medicinas y lo más importante el servicio técnico gratuito de profesionales del agro que visitaban a conuqueros, pequeños, grandes agricultores, granjeros y ganaderos con fines de resolver inconvenientes o el establecimiento de nuevas variedades de semillas en parcelas demostrativas para el avance tecnológico.
“Igualmente se lograban financiamiento solo con la palabra del agricultor como garantía, recibiendo semillas, insumos e implementos necesarios para la siembra de cultivos de ciclo corto, los cuales serían cancelados a los precios acordados a las tasas de interés agrícolas para el momento del financiamiento, el cual serían cancelado por el agricultor al vender sus cosechas”.
A 13 años de la expropiación de Agroisleña, Alirio Rangel considera que los agricultores venezolanos deben reflexionar sobre los resultados de este tipo de medidas de carácter administrativo como lo fue la expropiación de Agroisleña, atribuye a esta acción como una decisión de carácter político tomada en decreto por el entonces presidente Hugo Chávez y por el asesoramiento de quienes ocupaban los cargos de la Vicepresidencia Ejecutiva y el Ministerio de Agricultura y Tierras, dando el inicio – a sujuicio – del derrumbe de la agricultura nacional. “Es a partir de esta medida de expropiación en que se inicia el desastre de la merma en la producción agrícola nacional en Venezuela”.
El agricultor trujillano argumenta que los datos oficiales llevados en los registros del MAT de las superficies de todos los cultivares, los volúmenes de producción de las cosechas obtenidas con semillas nacionales o importadas, las cantidades de los rebaños de las diferentes ganaderías, la producción de carne bovina, porcina, leche, la producción de huevos frescos, pollos beneficiados, los mayores logros en las cifras oficiales en los volúmenes de producción fueron los logrados en los años 2008 y 2009, los registros de producción en los siguientes diez años marcaron una tendencia decreciente hasta los niveles actuales que apenas llegan al 15 % de los registros de producción del 2008.
“Hoy a 13 años de la fundación Agropatria quien asumió todos los bienes e inmuebles de la empresa Agroisleña, debería presentar un balance de su gestión, gestión que debe dar a conocer el propio Presidente de la República actual, asumir su responsabilidad si los objetivos y fines de la decisión política tomada de la expropiación fue la acertada, el Ministro de agricultura y Tierras en su programa de cultivando patria debe anunciar las superficies de hectáreas de cultivares que están soportadas en su gestión y en la labor de Agropatria como suministro de semillas, agroquímicos, fertilizantes y asesorías técnicas, el resultado es inocultable para los agricultores que padecemos esta realidad, no hay semillas, ni agroquímicos, ni fertilizantes, ni mangueras para riego, la empresa Agropatria y sus filiales están ruinas, las cuentas en diez años de Agropatria son inauditables desde el punto de vista financiero, las prácticas de comercialización son el bachaqueo y el tráfico de influencia, una nómina abultada desde el punto de vista burocrático. Hoy Agropatria representa el fracaso de la gestión agrícola en los últimos 13 años”.
Para Rangel, el hecho político de la expropiación de Agroisleña, debe de servir de ejemplo para que no vuelva ocurrir este tipo de decisión en Venezuela ni en otro país del mundo.
“Debemos de valorar como honorable a quien contribuya con el desarrollo nacional, sin considerar el lugar del origen o nacimiento de las personas que toman las iniciativas empresariales y de inversión, Agroisleña se desarrolló a lo largo de sesenta años multiplicando la inversión del capital nacional, sembrando en inmuebles, en bienes de capital, maquinarias y tecnologías, la mejor inversión construyendo capital social venezolano y como empresa de orgullo venezolana, por ello como ciudadanos debemos de ratificar nuestro apego a los valores ciudadanos y defender las normas constitucionales para que el Estado garantice las iniciativas de inversión privadas, y más cuando son de carácter de inversión en la agricultura y para ello permítame señalarles el artículo 299 de nuestra Constitución: “el regimen socioeconomico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, proteccion del ambiente, productividad, y solidaridad a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa”.
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