Caracas, 28 jul (EFE).- Decenas de activistas, miembros de ONG y ciudadanos de Venezuela protestaron este viernes frente a la sede de la Fiscalía, en Caracas, para denunciar «una política de persecución por parte del Estado» contra la población LGBTI, luego de que el pasado lunes fueran detenidas 33 personas de este colectivo durante un procedimiento policial en un local privado.
«Estamos denunciando el agravamiento y el escalamiento de una política de persecución por parte del Estado venezolano. Sabemos que no es solo persecución contra las personas LGBTIQ, sino contra las libertades de toda la población», dijo en declaraciones a los medios el coordinador del Observatorio de Violencia LGBTIQ+, Yendri Velásquez.
Recordó que a las 33 personas detenidas en el estado Carabobo les fueron imputados los delitos de «ultraje al pudor», «agavillamiento» y «contaminación sónica», y que 30 de ellos fueron excarcelados la noche del miércoles, bajo «régimen de presentación», mientras los tres restantes fueron liberados horas después, tras presentar fiadores solicitados.
El grupo consignó un documento ante la Fiscalía en el que aseguró que la detención de estas 33 personas genera incertidumbre, al «sentar un precedente que puede dar pie a nuevos procesos de criminalización por prejuicios basados en orientación sexual».
En el escrito, pidieron a la Fiscalía la anulación de la causa judicial contra estas 33 personas, así como el inicio de acciones penales y administrativas para determinar responsabilidades de quienes actuaron en esta detención «irregular».
Por su parte, la activista y abogada Richelle Briceño insistió en que tanto en la detención, como en la actuación de fiscales y la jueza en el caso, hubo «homofobia de Estado», y que «los hechos no se circunscriben a ningún tipo penal que se encuentre en el Código Penal venezolano».
En cambio, aseguró que los 33 miembros de la comunidad LGBTI fueron sometidos a una «detención ilegal» y sometidos al «escarnio público» por parte de medios de comunicación que «se sirvieron para humillar públicamente a esas personas», al publicar sus fotografías e identidades.
«Lo que ocurrió este fin de semana en Valencia tiene un impacto social inmenso en el ideal colectivo de la ciudadanía venezolana. Se le dijo al país y a los ciudadanos que a usted lo pueden meter preso y procesar por ejercer el derecho a la libertad sexual, que es un derecho humano», dijo.
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