Caracas, 8 ago (EFE).- Activistas venezolanos exigieron este viernes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un «acto de desagravio» a las afueras de las oficinas de la ONU en Caracas, que reciba a los familiares de los presos políticos que fueron agredidos el martes en la noche mientras hacían una vigilia para pedir que se revisen los casos de sus parientes.
«Queremos también reiterar al Tribunal Supremo de Justicia, que solicitamos una audiencia con la presidenta, Caryslia Rodríguez, y la presidenta de la Sala Penal, Elsa Gómez, para que por favor revisen las medidas que están pendientes y se conceda la libertad lo más pronto posible», señaló Marta Grajales, miembro de la ONG Surgentes, a las afueras de la ONU.
Bajo el lema «lucha como una madre» y «ni terroristas ni delincuentes, nuestros muchachos son inocentes», los activistas expresaron su apoyo a los familiares que han exigido durante un año la libertad para sus parientes, detenidos en el contexto de protestas contra el resultado oficial de las presidenciales de julo de 2024, en las que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.
«Hoy les decimos que no están solas, que las hemos visto durante un año, convirtiendo su dolor en fuerza, movilizando a cientos de personas en torno a la exigencia de justicia y libertad para sus hijos, quienes están injustamente detenidos. Su esfuerzo no ha sido en vano, ustedes son ejemplo de dignidad», añadió Grajales, tras leer una «declaración de solidaridad» firmada por 175 personas.
Grajales recordó que estos familiares fueron atacados el martes en la noche por un grupo de personas, «algunas de ellas encapuchadas» y con «pistolas», que llegaron en «más de 50 motocicletas» y robaron pertenencias, como teléfonos y documentos de identidad, de los manifestantes, en su «gran mayoría mujeres».
Los familiares se encontraban a las afueras del TSJ, en el centro de Caracas, haciendo una vigilia esperando una audiencia con la presidenta del máximo tribunal para la revisión de los casos de los detenidos tras la crisis postelectoral.
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«Fue maravillo constatar que la decisión de esas mujeres sigue intacta, que esas mujeres, a pesar de que, por supuesto, estamos golpeadas, que sentimos miedo, creemos que esta lucha tiene que continuar porque es una demanda justa, porque además lo estamos haciendo desde los canales constitucionales y porque además ustedes están hoy acá diciéndonos que nuestra lucha importa», añadió la activista.
El jueves, la Defensoría del Pueblo reconoció la agresión que sufriera el grupo de familiares de presos políticos por parte de «sujetos aún no identificados», al tiempo que instó a los afectados a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
A través de una nota, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, hizo un llamado a las víctimas a presentar una denuncia formal ante el MP para «recabar evidencias que coadyuven en las averiguaciones ante el ente responsable de investigar y ejercer las acciones penales correspondientes».
Sin embargo, la ONG Surgentes comunicó el miércoles que los afectados tuvieron dificultades para denunciar formalmente las agresiones en varias instituciones.
Grajales señaló el miércoles que un grupo de familiares acudió al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), pero «les dijeron que ellos no eran los competentes para tomar ese tipo de denuncia».
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