Por Héctor Antolínez / Crónica Uno
Caracas. El 2 de junio el candidato presidencial a la elección primaria Henrique Capriles Radonski (Primero Justicia) fue agredido físicamente durante un acto en el estado Carabobo, por parte de presuntos seguidores del oficialismo. Semanas antes, el 17 de mayo, un grupo de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intentó detener el paso de la candidata María Corina Machado (Vente Venezuela) al Piñal, estado Táchira, para un evento.
El 15 de mayo Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano), otra candidata, denunció –desde Barinas– que efectivos de seguridad, que identificó como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la han seguido durante su recorrido por el país.
Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó a Crónica.Uno que es ilegal que el Estado use a sus organismos de seguridad para la recopilación de inteligencia.
“Es ilegal que los cuerpos de seguridad del Estado recopilen inteligencia, debería haber algún proceso de investigación autorizado por la Fiscalía, si se hicieran en ese marco sería otra cosa. Sin esto puede ser interpretado como un acto de intimidación para que las personas que tienen opciones políticas se inhiban de participar, eso es violatorio de los derechos políticos”, explicó.
La gran mayoría de los precandidatos a la primaria de la Plataforma Unitaria, que se realizará el próximo 22 de octubre, actualmente recorren el país como parte de su precampaña. Estos actos son más informales, ya que la campaña electoral comenzará el próximo 22 de agosto.
Vigilancia constante para los candidatos
Uno de los métodos más constantes de acoso que los candidatos han experimentado, antes que iniciaran su precampaña para la elección primaria, ha sido la vigilancia y el seguimiento constante por parte de efectivos de seguridad.
Roberto Enríquez (Copei) declaró a Crónica.Uno que “ciertamente el Sebin monta un operativo de seguimiento cada vez que uno sale a recorrer el interior del país”.
Lea también
Quizá a mí no me alarme tanto porque después de los sustos que pasé antes esto no es nada, pero creo que no debería ser. Mi impresión es que eso intimida y angustia más a los dirigentes de los estados que a uno. Pero debo decirte que no pasan del seguimiento, no son hostiles, para serte honesto”.
Una experiencia distinta es la que ha vivido otro de los candidatos, César Pérez Vivas (Convergencia), quien considera que tiene largas anécdotas sobre el acoso, pero que pocas veces las documenta.
“En casi todas las giras que hago por Venezuela tengo un marcado seguimiento del Sebin, hay estados en donde han sido muy activos como en Zulia, Anzoátegui, Lara. La Guardia Nacional me ha hostigado en diversos puntos del país, en Tucupita en una ocasión me hostigaron a la salida de la ciudad, luego a la entrada de Churuguara, en Falcón, todo mi vehículo fue sometido a una requisa minuciosa que no fue normal porque además estaban viendo dentro del vehículo material de propaganda política y nada más”, narró.
Acoso a comercios y al entorno
Pérez Vivas detalló que el hostigamiento y el acoso no se limita a seguir a los candidatos, en muchas ocasiones desde las instituciones del Estado se actúa contra comercios o empresas que prestan algún tipo de servicio para estas personas. También pasa con los medios de comunicación.
“El hostigamiento también se aplica a las estaciones de radio por ejemplo, que tienen prohibición para hacer entrevistas. Una vez me sacaron del aire en Barinas por mencionar a Argenis Chávez. En otra ocasión iba a tener una entrevista en Ocumare del Tuy y Conatel prohibió 12 horas antes que se hiciera”.
Pérez Vivas comentó que hay hoteles, o comercios, que sufren de acoso por parte del Seniat. “Hemos estado en varios hoteles que no alquilan salones de evento a la oposición porque saben que si lo hacen llega inmediatamente el Seniat a hacer auditorías y aplicar multas por haber hecho algún tipo de negocios con opositores”.
Por su parte, Freddy Superlano (Voluntad Popular) añadió que en ocasiones el hostigamiento se extiende al círculo inmediato del dirigente y son personas que no necesariamente están preparadas para lidiar con ese acoso.
“En su gran mayoría el seguimiento es un vehículo con dos personas, escuchándote, grabándote, tomando fotos. Ya yo he tenido orden de captura y he estado en el exilio y la clandestinidad, uno aprende de eso, pero hay gente cercana a ti que no. Hay gente que no tiene el mismo aguante. Todo lo que es el entorno de uno”, dijo.
Para Superlano, existe un componente que va más allá de la simple intimidación y el hostigamiento, y que tiene que ver con la recolección de inteligencia para ponerla a disposición del chavismo.
“Creo que buscan información de lo que haces y con quién te reúnes, tu capacidad de movilización. Es un trabajo de inteligencia que también hacen. Te dicen que están cuidándote, pero sabes que son funcionarios, que tienen la orden de tomar fotos de con quién andas y con quién te reúnes”.
Coincidencias y dibujo libre
Además del objetivo de entorpecer, acosar e intimidar, para Tamara Adrián (Unidos por la Dignidad), existe una similitud entre lo que actualmente hacen los organismos de seguridad del Estado y lo que fueron los organismos de regímenes dictatoriales a lo largo de la historia.
“Cuando estos funcionarios adquieren esa independencia en algún momento pueden haber cuestionado su adherencia pero se convierten en sujetos serviles, lo que sirve para no ser detectados en flagrancia de las instrucciones no verbalizadas de la cúspide. Se vuelven intérpretes libres de lo que creen que puede querer las personas al mando”.
Un patrón de violación de derechos políticos
Trujillo también comentó que el Estado tiene el deber de “garantizar las condiciones mínimas de seguridad en el marco de una precampaña los candidatos puedan hacer actos”.
Agregó que el no hacerlo, al mismo tiempo en el que activamente se busca entorpecer el desplazamiento de opositores, hace que los obstáculos se configuren en un patrón de violación de derechos políticos.
Son obstáculos en el plano de los hechos que imposibilitan que las personas candidatas puedan recorrer el país y puedan tener el acceso a potenciales electores. Esto daña el clima de participación política y son restricciones a los derechos políticos, estos derechos no son solo el poder postularse, es también el sufragio, las reuniones, el acceso a los candidatos”, sentenció.
