EFE.- La Fiscalía General de España presentó querellas contra el ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont y todo su gabinete, así como contra la presidente del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros diputados regionales por rebelión, sedición y malversación por el impulso del proceso independentista catalán.
El ministerio solicitó fianzas de 6,2 millones de euros, aproximadamente 7,2 millones de dólares, tanto en el caso de los anteriores gobernantes regionales como en el de los parlamentarios querellados.
En una comparecencia ante la prensa el fiscal general español, José Manuel Maza, explicó que el recurso contra los anteriores gobernantes catalanes se tramitará en la Audiencia Nacional española porque ninguno de ellos dispone ya de fuero jurídico especial tras haber sido destituidos.
Los miembros de la Mesa del Parlamento catalán deberán responder ante el Tribunal Supremo del país, añadió Maza, pues sí cuentan con ese fuero como parlamentarios.
El fiscal general responsabilizó a los anteriores miembros del gobierno catalán de decisiones y actos que han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia por el Parlamento catalán, con un total desprecio a la Constitución española.
En el caso de la presidente del ente legislativo, Carme Forcadell, y el resto de sus miembros, señaló Maza, que permitieron la tramitación, debate y votación de la resolución sobre la independencia, así como las leyes previas del referéndum de autodeterminación y de fundación de la república catalana.
La Fiscalía los acusó de alentar una insurrección y un levantamiento violento popular para celebrar el referéndum ilegal del 1° de octubre, declarado inconstitucional por el Ejecutivo, y consagrar la independencia de la región. Argumenta que la violencia que requiere el delito de rebelión no exige que se utilicen armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas. Es suficiente con que el alzamiento, por sus características y por el número indeterminado de personas implicadas tenga capacidad intimidatoria suficiente para disuadir de una posible actuación a las fuerzas del orden.
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La ex presidente del Parlamento catalán desconvocó la reunión de la Mesa prevista para hoy, al dar por hecho que el Parlamento fue disuelto.
El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, ordenó el viernes el cese del presidente independentista de Cataluña, Carles Puigdemont, y de todo su gabinete. Rajoy disolvió el Parlamento regional y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, amparado en el artículo 155 de la Constitución española.
La decisión fue aprobada por el Senado luego de que el Parlamento catalán aprobó en votación secreta una resolución cuyo preámbulo declaraba un Estado independiente en forma de república.
El Parlamento catalán, los partidos políticos y los empleados públicos asumieron con normalidad la nueva situación en Cataluña, después de que el gobierno español cesó al Ejecutivo regional y disolvió su Parlamento para restaurar la legalidad.
Rajoy constató ante la dirección de su partido, el PP, que en Cataluña se van asumiendo con normalidad las medidas adoptadas para impedir la secesión en esa región.
Ex presidente busca asilo en Bélgica
El ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont viajó ayer a Bruselas junto con cinco de sus consejeros, y tienen previsto solicitar asilo político.
El primer ministro de Bélgica, Charles Michel, negó la oferta de asilo político a Puigdemont por el secretario de Estado de Migración y Asilo, Theo Francken, y señaló que esa posibilidad no está en el orden del día de su gobierno. Michel también reclamó a Francken que no eche más leña al fuego en plena crisis por el pulso soberanista catalán.
El protocolo 24 del Tratado de la Unión Europea señala que cualquier Estado miembro debe respetar los valores del artículo 2, de los documentos fundacionales comunitarios. “Dado el grado de protección de los derechos y libertades fundamentales por parte de los Estados miembros de la UE, se considerará que los Estados miembros constituyen recíprocamente países de origen seguros a todos los efectos jurídicos y prácticos en relación con asuntos de asilo”, reza el texto, lo que dificulta una posible solicitud de asilo de Puigdemont.
