El ex director del hospital del Seguro Social Patrocinio Peñuela Ruiz, Alberto González Narváez, detenido por supuestos casos de corrupción en ese centro de salud de San Cristóbal, estado Táchira, suspendió a más de 500 profesores de su incapacidad laboral sin siquiera hacerles una evaluación médica y los envió a las aulas de clase en condiciones, incluso graves de salud.
Así lo denunció Ildemaro Useche, presidente de la coalición de docentes del Táchira, quien señaló que han recibido 12 denuncias formales en la sede de la Federación Venezolana de Maestros del Táchira, “hoy asumimos esta posición en contra de quien fungió como director del hospital del Instituto Venezolana del Seguro Social en Táchira, quien salió de allí por actos de presunta corrupción, quien de manera arbitraria violó los derechos de los trabajadores de la educación quienes venían gozando desde hace más de tres años de su derecho a la incapacidad por condiciones de salud”.
Explica que los afectados fueron citados al instituto y sin tener ninguna evaluación médica los suspenden sin argumentos. Ante tal contrariedad de ley, Useche exige la incorporación a su derecho a estar incapacitados a los profesores violentados de sus derechos, quienes ganaron el beneficio según un dictamen previo emitido tras largos requisitos y chequeos que se exigen por el Seguro Social.
“A través de un dictamen una persona que no tenía la cualidad, ni condición médica lo hace. No puede ser que una persona haya abolido este derecho y haya desconocido lo que corresponde a los trabajadores. Se lo estamos exigiendo a la Zona Educativa Táchira, porque es la institución que le corresponde velar por los derechos de estos trabajadores y que fueron atropellados por personas sin cualidades para esta acción. Es una acto médico lo que impera en esto para tal determinación y no se cumplió”.
Ningún médico los chequeaba
Wendy Antolinez es profesora y una de las víctimas de la suspensión de su reposo, del que gozaba por ley luego de una cirugía de alta envergadura a la que debió someterse. Ella relata que fue citada a la Zona Educativa cuando estaba en pleno reposo, la citación le llegó a través de un mensaje de texto.
“Me dicen que debo asistir a la Zona Educativa a una junta médica y ya yo tenía cuatro reposos consecutivos, no ameritaba una junta médica. Llego y llegan los médicos, y teníamos que llevar todo lo que teníamos para ellos verificar”.
El procedimiento –según ilustra- era entregar una carpeta con los papeles y ni siquiera hacerle una pregunta o una evaluación de salud, les decían: ´venga la otra semana y le damos repuesta´, afirma que al volver se llevaron la sorpresa con la repuesta, “nos dieron una hoja que decía ´cambio de actividad´ y estaba firmada por el director del hospital del Seguro Social y a todos los que fuimos ese día, que yo fui, nos incorporaron al trabajo sin más”.
Sostiene que tenía que incorporarse a dar clases estuvieran en las condiciones que estuvieran, “no nos chequeaba ningún médico, simplemente estaban en la Zona Educativa, nos atendían ahí, ellos revisaban los papeles y ya”.
Antolínez señala que había gente con graves situaciones de salud y dos años de reposo esperando la incapacidad y todos recibían el mismo trato, debían incorporarse sin ningún chequeo médico, solo les anulaban su proceso de incapacidad laboral.
