Miami (EE.UU.), 25 mar (EFE).- Una carrera contra el reloj enfrentan desde este martes más de medio millón de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que ingresaron a EE.UU. con un permiso humanitario conocido como ‘parole’ que ha sido revocado por la Administración del presidente Donald Trump, dejándolos expuestos a la deportación después del próximo 24 de abril.
La Casa Blanca hizo oficial este martes la derogación del beneficio migratorio conocido como CHNV, que ha permitido a unos 530.000 inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua residir y trabajar temporalmente en el país, tras ser avalados por un patrocinador.
La terminación del ‘parole’ representa «un regreso a las políticas sensatas, a la seguridad pública y a la idea de Estados Unidos primero», ha dicho la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Tricia McLaughlin.
El DHS argumentó que el programa «no aporta un beneficio público significativo, no ha sido necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal, no cumplen sus propósitos previstos y son incompatibles con los objetivos de política exterior» de la Casa Blanca.
Además, el Gobierno Trump achacó al CHNV haber «exacerbado los retrasos» en el sistema migratorio del país que enfrenta un atasco de casos.
Por ejemplo, unas 75.000 solicitudes de asilo fueron presentadas por extranjeros que ingresaron bajo este beneficio al país y que hacen parte de los más de 3,6 millones de expedientes que esperan ser resueltos en las cortes de inmigración, según los datos citados por la Casa Blanca.
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Quienes se acogieron al beneficio tienen pocas alternativas para quedarse en el país. Aquellos que no tengan otra base legal para permanecer en Estados Unidos, como una petición de asilo o una solicitud de visa U para víctimas de crímenes, deberán abandonar el país antes del 24 de abril, según advirtió el DHS.
Aquellos que no lo hagan serán puestos en la mira de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) para su deportación.
Cada beneficiario será notificado por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) sobre su situación migratoria. Los permisos de trabajo otorgados a través de este ‘parole’ serán revocados y el DHS cancelará todas las peticiones de permiso de viaje solicitadas bajo este programa.
Los beneficiarios que salgan del país voluntariamente por tierra y crucen un punto de entrada en la frontera tendrán que reportar su salida cuando estén fuera de Estados Unidos a través de la aplicación CBP Home, que desde este lunes incluye una función de geolocalización para los usuarios.
Las críticas de las organizaciones proinmigrantes al Gobierno Trump por la revocación no se han hecho esperar. En declaraciones enviadas a EFE, Todd Schulte, presidente de FWD.us, dijo que los permisos humanitarios CHNV, junto con un programa similar para ucranianos y afganos, ha representado «una mejora crucial para nuestro sistema migratorio».
El activista calificó la derogación como «un enfoque erróneo que desestabilizará vidas, perjudicará a estas comunidades y, en última instancia, a todos los estadounidenses».
Destacó que la facultad de otorgar permisos ha sido utilizada por todos los presidentes de ambos partidos durante siete décadas, y «los resultados en este caso han sido un éxito rotundo. Los estadounidenses han patrocinado a estas personas».
Schulte advirtió que con la cancelación de este beneficio migratorio se eliminan hasta 240.000 empleos con permisos de trabajo de la fuerza laboral estadounidense, incluyendo 40.000 en la industria manufacturera, 30.000 en el sector del ocio y la hostelería, 30.000 en la construcción y 30.000 en el sector sanitario, según los datos de FWD.us, advirtió.
«Deberíamos mejorar vías legales como CHNV que apoyan los intereses estadounidenses y no arrojar a cientos de miles de personas al caos», puntualizó Schulte.
En la mira de Trump aún está el programa que acogió a unos 270.000 ucranianos y más de 70.000 afganos, que ingresaron al país con un beneficio similar a CHNV.
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