Caracas, 1 abr (EFE).- La atención, prevención y sanción del acoso escolar contará próximamente con una ley, si prospera la propuesta que el fiscal general, Tarek William Saab, presentará al Parlamento, y que según ONG dedicadas a los derechos de los niños, es un primer paso, pero insuficiente sin el desarrollo de políticas públicas y medidas administrativas que resuelvan la problemática.
«No solamente es una ley de principios; es una ley que también prevé una disposición general sancionatoria, porque tiene que penalizarse algo donde la persona que sufre acoso, finalmente, termina en tratamiento psiquiátrico o lamentablemente objeto de un atentando contra su propia vida», explicó Saab el pasado 22 de marzo.
El fiscal también pidió a los centros educativos del país, tanto públicos como privados, prestar «especial atención» en la prevención de «estos fenómenos», además de tomar acciones porque la responsabilidad penal «podría caer en su contra».
Pero el coordinador general de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, considera que la penalización puede ser una consecuencia de un proceso no atendido y, por tanto, incompleto, ya que también sucede que los centros educativos acuden al Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente y no obtienen respuestas.
«¿Qué pasa cuando el centro educativo acude al Sistema de Protección y no tiene respuesta, donde en una escuela pública no hay orientador, no hay psicólogo? ¿Quién sanciona las omisiones?. Es importante esta realidad (y) ponerlo sobre la mesa, en función de lograr un plan que permita hacer freno a la situación del acoso escolar», explicó a Efe.
LA LEY PUEDE SER INSUFICIENTE
A principios de febrero, el Parlamento anunció que trabaja en este proyecto de ley que ubicará a Venezuela, de acuerdo a la opinión del diputado Enrique Ramos, divulgada en un comunicado de prensa el pasado 23 de febrero, en un «país de avanzada».
Casi un mes después, Ramos explicó que el proyecto de ley contempla 24 artículos, enfocados en la «convivencia, la paz, la solidaridad, el respeto y como fin último, erradicar el acoso escolar».
Se prevé la creación de un Consejo de Convivencia Pacífica Escolar, como un organismo rector para el diseño del ámbito integral pacífico escolar a ser interpretado en los colegios públicos y privados pertenecientes al sistema de educación básica.
Para Trapani, la sola ley puede ser insuficiente para abordar esta problemática, por lo que considera necesario el desarrollo de políticas públicas, programas y servicios de acompañamiento para poder «transformar la realidad que impone el acoso escolar, pero lograr definir jurídicamente el acoso escolar es una necesidad».
Sin embargo, expuso que el proyecto contempla una «definición genérica» de lo que es el acoso escolar, pero no se dan detalles sobre determinados tipos de acoso, por lo que cree importante poder definir estos fenómenos para establecer obligaciones de alcance, tomando en cuenta que tiene distintas expresiones y no es igual el abordaje cuando se trata de acoso físico, verbal, relacional o por redes sociales.
«En nuestra experiencia, abordar casos de acoso escolar son las situaciones más complejas, porque implican relaciones, vínculos, simetrías de poder, y tienes una precariedad institucional para remitir casos», añadió.
Trapani indicó que la realidad de las escuelas en el país no es homogénea, pero sí se debe establecer, bajo normativa, el procedimiento estándar que cada centro educativo adaptará de acuerdo a sus características.
ACOSO ESCOLAR SIN DATOS
El activista sostuvo que en Venezuela hay «un problema» de datos sobre la violencia escolar, por lo que las ONG no pueden estimar cuántos casos existen.
«No tenemos una data consolidada que permita ver la prevalencia del hecho violento, es decir, quiénes son más agresores, niños, niñas o adolescentes, donde ocurre más el acoso, en zonas urbanas o rurales (…) en escuelas oficiales o privadas», señaló.
Por esto, prosiguió, es difícil caracterizar este fenómeno e identificar la magnitud y el alcance del problema del acoso.
«Tener un sistema de diagnóstico, de reporte, eso ayuda a ir perfilando las acciones, no solo de intervención, sino las acciones de prevención», agregó.
Explicó que en Cecodap han identificado que el acoso es más frecuente en los centros educativos, que es más «violenta la violencia», y que entre los niños se da más el acoso físico y entre las niñas el verbal.
«Son particularidades que es necesario abordar o que esta ley sea el punto de inicio de un proceso de reflexión, intercambio en donde los colegios se sientan acompañados, apoyados y sobre todo que haya justicia, porque nosotros no estamos alentando la impunidad, sino que esa ley responda a la justicia frente a las víctimas, porque el acoso genera daño», concluyó.
Saraí Coscojuela