@juditvalderrama
Al cumplirse cuatro años del cierre arbitrario de la frontera colombo venezolana, este 19 de agosto de 2015, un grupo de ciudadanos colombiano y venezolanos presentarán un nuevo informe ante la Corte Penal Internacional por éstos hechos, donde resalta la petición de la cadena perpetua contra Nicolás Maduro.
De igual modo se pide la reparación e indemnización de las víctimas que fueron afectados por acciones atroces de Nicolás Maduro y el alto mando militar venezolano, incluyendo a Vladimir Padrino López y al gobernador para la época en Táchira, por ser tan corresponsable y autor intelectual de los hechos, José Gregorio Vielma Mora.
Ladeclaración fue presentada por el defensor de los Derechos Humanos Walter Márquez, junto al grupo de tachirenses que lideran Alianza Fronteriza, y por Colombia hará lo propio Frontera Libre, encabezada por el presidente del Comité del Transporte, de Cúcuta, Leonardo Méndez.
De igual modo, el grupo de ilustres fronterizos presentará a la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet y al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, un petición para que ellos abran una investigación y exijan a nivel internacional la reapertura de la frontera, debido a que su cierre está violando la Convención Americana de Derechos Humanos y el derecho a libre tránsito garantizado por la Constitución de Venezuela y de Colombia.
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Más de 22 mil colombianos afectados
La acción del gobierno de Nicolás Maduro al cerrar la frontera arbitrariamente en el año 2015, recordó Walter Márquez que generó más de mil 500 deportaciones forzosas y afectó directamente a e 22 mil colombianos.
El cierre fronterizo llevó después, al fenómeno que convierte a gran escala en Venezuela en un país de elevado desplazamiento forzoso de nacionales, que de acuerdo al informe Bachalet, sobrepasan los cuatro millones de personas.
“Debemos recordar que el cierre de frontera también trajo por consecuencia la destrucción grave de más 200 viviendas de connacionales, y se cometieron delitos como desplazamiento forzoso, violaciones sexuales cometidas por funcionarios de la Guardia Nacional contra mujeres colombianas, actos inhumanos y detenciones arbitrarias”, sostuvo Márquez.
Ante esa situación y tras cuatro años de actos atroces que conmovieron la opinión pública nacional e internacional, Walter Márquez en nombre de la víctimas y los tachirenses sostiene que debe exigirse la apertura de la frontera, aduciendo que el estado de excepción feneció y ahora se mantiene es por actos de fuerza, cerrada la zona limítrofe.
Otro de los reclamos es el cese de la impunidad en Venezuela, Colombia y también en la propia Corte Penal Internacional, asegurando que los organismo encargados de justicia han encubierto estos hechos.
Citó Márquez que contra la frontera venezolana hay una situación discriminatoria, de parte de la Corte Penal Internacional, porque en Birmania, Myanmar, hubo un desplazamiento forzoso de la etnia Rumilla, hacia Bangladest, que ocurrió el 25 de agosto del año 2017, y la fiscal de la CPI en septiembre del 2018 abrió el examen preliminar, y el 4 de julio de este año abrió la investigación y pidió autorización de los magistrados de la CPI para proceder, “pero primero ocurrieron las deportaciones forzosos en la frontera colombo venezolana, dos años después sucede en Bangladest, lo que confirma que la fiscal de la CPI está cuadrada con el régimen de Nicolás Maduro, a través de Haiffa El Aissami, hermana de Tarek El Aissami, solicitado por la justicia internacional”.
